Cádiz, 13 de julio de 2022.- Leemos con desolación que, una vez más, vuelve a desalojarse a las personas sin hogar. Es la sexta o séptima vez que ocurre en los últimos seis años.
¿Y dónde piensan que van a ir? , tendrán que encontrar otro rincón, y es la eterna procesión. Las administraciones, que ordenan estos desalojos, tienen la obligación de facilitarles un alojamiento y con unas condiciones mínimas de habitabilidad.
Este es un problema complejo y difícil de gestionar en el que deben trabajar de manera COORDINADA y aportando los RECURSOS necesarios las tres administraciones: Estatal, Autonómica y Local.
«Es insultante meter en el mismo saco a las personas sin hogar y a las que hacen turismo instalándose en cualquier lugar de la ciudad».
Evidentemente, la ciudad no puede poblarse de tiendas de campaña, pero ahí es donde las autoridades competentes deben discernir entre unas y otras y solucionar el problema de vivienda de las personas más marginadas e impedir la ocupación abusiva de las que vienen en busca de ocio.
Resulta llamativo que en el desalojo efectuado estos días los servicios sociales no hayan sido avisados y desconozcan el hecho, cuando debieran ser los primeros en ser informados para poder trabajar en una solución humana de esta situación.
No puede permitirse más que las personas sin hogar sean tratadas como escoria, sin ningún derecho, aunque la constitución en su artículo 47 establezca el derecho a la vivienda de la ciudadanía y el artículo 25 de la declaración Universal de los Derechos Humanos también lo establezca así.
ELLAS TAMBIÉN FORMAN PARTE DE LA CIUDADANÍA.
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