Cádiz, 15 de diciembre de 2015.- La Coalición Defender a quien Defiende, formada por colectivos sociales, organizaciones de derechos humanos, juristas y periodistas y a la que pertenece la APDHA, ha presentado una triple demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estraasburgo contra la Ley Mordaza y la amenaza que esta norma supone para el ejercicio de la protesta y la libertad de expresión.
En la mañana de hoy, la demanda ha sido presentada ante los medios de comunicación en las ciudades de Barcelona y Cádiz en sendas ruedas de prensa. La APDHA ha organizado la presentación celebrada en Cádiz, que ha tenido lugar a las 12.00 h en la sede de la Asociación de la Prensa (APC), y en la que han participado por parte de la APDHA, la activista Cristina Serván, el periodista Lorenzo Benítez y el abogado Diego Boza.
La primera de estas demandas tiene su origen en la censura impuesta por al medio navarro Ahotsa que, tras publicar imágenes sobre abusos policiales cometidos durante una redada, fue denunciado por la Policía Nacional en la Subdelegación del Gobierno, que advirtió a Ahotsa que evitasen este tipo de noticias, ya que podrían suponer una sanción de entre 601 y los 30.000 euros, cantidades desorbitadas que podrían suponer la ruina para este tipo de portales.
Y es que, como se ha explicado en la rueda de prensa de esta mañana, la Ley Mordaza está favoreciendo no sólo la censura por parte de las instituciones del estado, sino también la autocensura por el temor a ser sancionados. En todo caso, el derecho a la información, fundamental para cualquier sociedad democrática, queda vulnerado por la llamada Ley de Seguridad Ciudadana.
Ahotsa no es el único medio involucrado en las demandas: La Directa y dos fotoperiodistas del periódico Diagonal también presentarán sus respectivos casos al TEDH como acusación particular y víctimas potenciales de la aplicación de la Ley Mordaza.
El litigio, además, se ha presentado en plena campaña electoral de forma premeditada, con la intención de que la derogación de la Ley Mordaza se coloque de forma prioritaria en la agenda política, siendo el fin último de esta estrategia que se declare inconstitucional y sea abolida.
Si finalmente el TEDH fallase contra la norma, se pondría en entredicho la propia reforma y que ésta vulnera los Derechos Humanos.
Presentamos primera demanda ante el Tribunal de Estrasburgo contra la Ley Mordaza
Ante la deriva autoritaria del Estado de Derecho, la amenaza contra el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía española y la falta de consenso político para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, acuñada como Ley Mordaza, deviene fundamental habilitar todos los mecanismos jurídicos y políticos, estatales e internacionales, para frenar su aplicación.
Desde la coalición Defender a quien Defiende presentamos una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la Ley Mordaza, aprobada por el Partido Popular el pasado mes de marzo.
El litigio se apoya en el estatus jurídico de “víctima potencial”, es decir, el daño inminente que puede suponer la aplicación de la ley Mordaza sobre un derecho protegido por la Convención Europea de Derechos Humanos. Específicamente, la demanda se centra en las abusos que afectan más directamente al derecho a la libertad de expresión e información. El litigio se presenta junto con los medios de comunicación Ahötsa (Navarra), La Directa (Barcelona) y Diagonal (Madrid), que firman la demanda como acusación particular y posibles “víctimas” de la legislación.
El objetivo es volver a poner en el foco público la restricción de derechos que supone esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, sumado al resto de reformas realizadas este año en materia de seguridad: Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Privada y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un punto de inflexión muy grave por lo que a los derechos humanos, en especial civiles y políticos, se refiere.
El derecho a la información vulnerado
La arbitrariedad de artículos como el 36 punto 23 de la Ley Mordaza ya está implicando que en ocasiones algunas personas, sobretodo fotoperiodistas, se vean compelidas por los agentes a dejar de grabar o fotografiar actuaciones policiales por el riesgo a ser sancionadas. Por ese motivo, se considera que las personas que trabajan en el sector del periodismo y audiovisual son un colectivo especialmente afectado por esta disposición, ya que pone en peligro su función principal: informar sobre hechos de relevancia pública.
De hecho, la Asociación Mintza Komunikazio elkartea, encargada de administrar el medio digital Ahotsa.info, fue denunciada por agentes de la Policia Nacional por publicar un artículo sobre unos hechos sucedidos en Pamplona relacionados con una actuación policial. Ante tal denuncia, la Delegación del Gobierno les ha hecho llegar una “advertencia expresa” de que en el futuro eviten este tipo de “hechos” (se entiende publicar determinados artículos),si no quieren ser sancionados de acuerdo con la Ley mordaza. Se trata de un caso especialmente grave, puesto que muestra la arbitrariedad con la que podrá aplicarse este precepto de la Ley, impidiendo el libre ejercicio del derecho a la libertad de información, fundamental en un Estado democrático y de derecho.
Desde la coalición Defender a quien Defiende insistimos en que con estas reformas el Gobierno vulnera el ejercicio de derechos civiles y políticos tan fundamentales para la vida democrática como son el derecho a la libertad de expresión, y los derechos de reunión y manifestación. Y por tanto, actúa en contra de Tratados Internacionales que el Estado español ha firmado y ratificado, como el Convenio europeo de derechos humanos o el Pacto Internacional derechos civiles y políticos.
