El Defensor del Pueblo advierte “significativas carencias” en el diseño de los programas de acogida humanitaria

Migrantes abandonados en la calle en Granada son alojados en un pabellón. Foto: APDHA Granada.
  • La queja se interpuso debido a la situación de calle en la que quedaron dieciséis ciudadanos extranjeros tras su salida del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril el pasado mes de mayo.

Granada, 7 de agosto de 2020. En una respuesta dada esta semana a una queja interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el Defensor del Pueblo Español (DPE) señala “las dificultades encontradas por los ciudadanos extranjeros que acceden a España de forma irregular”. La respuesta se ha producido a raíz de la queja que interpuso la APDHA ante el DPE debido a la “grave situación de vulnerabilidad” en la que se encontraron 16 personas migrantes que fueron dejadas en situación de calle en Granada tras pasar las últimas 72 horas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril.

En su escrito, el Defensor del Pueblo reconoce que el actual sistema de acogida “carece de plazas suficientes para atender en las debidas condiciones a todas las personas que llegan a nuestro país”. Una situación que, como señala el Defensor, “se ha visto especialmente agravada durante la vigencia del estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus”. En su respuesta a APDHA, el Defensor del Pueblo concluye que el actual diseño del programa de acogida humanitaria “padece significativas carencias”, por lo que propone que “debería ser abordado sin más demora, convocando a los ayuntamientos y comunidades autónomas para el diseño de un sistema que tome en consideración todas las vertientes”.

Por otra parte, en el documento remitido a la APDHA el Defensor del Pueblo recuerda “la necesidad de entregar un documento a los extranjeros en situación irregular cuya expulsión no puede ser ejecutada, en el que se indique el aplazamiento o la suspensión [de la misma]”. En este sentido, el Defensor del Pueblo “ha reiterado su recomendación de proveer a las personas migrantes con resoluciones de expulsión o devolución no ejecutadas de un documento acreditativo de su situación”.

Desde la asociación valoramos positivamente la actuación del DPE ya que “confirma muchas de las deficiencias estructurales que padece nuestro precario sistema de acogida que desde APDHA denunciamos año tras año”.

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