DERECHOS HUMANOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y ERRADICACION DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA

Pro Derechos Humanos de Andalucía ha convocado una concentración a nivel andaluz hoy a las 12 del mediodía, en la que miembros de la asociación se han encadenado a las verjas del Banco de España (Plaza de San Francisco, Sevilla) en señal de protesta por la falta de recursos y ayudas para las personas excluidas dentro la sociedad andaluza. Durante el acto se han repartido panfletos con datos sobre los beneficios de las principales entidades financieras y datos de la exclusión social en Andalucía.

Desde sus inicios, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene demandando recursos para las personas y colectivos más marginados y excluidos de nuestra sociedad. Barrios enteros olvidados sin apenas servicios públicos, asentamientos de chabolas, miles de personas sin hogar, familias que tienen que abandonar su vivienda porque se les cae encima o son expulsadas por sus propietarios, etc, etc. Esta situación no tiene nada que ver con esa “Segunda Modernización” que machaconamente nos ha querido vender el gobierno andaluz durante años.

El sistema capitalista ya no sólo ha fracasado para la población más indefensa de nuestra tierra, sino que cada día afecta a más familias que, hasta  hace unos meses, pensaban que nunca les podría pasar a ellas. Las cifras de paro no dejan lugar a dudas con más de 750.000 personas desempleadas en Andalucía y con tendencia a aumentar aún más, según todos los pronósticos.

Algunos datos sobre la exclusión social en Andalucía:

750.000 parados
5000 personas en infravivienda
3000 personas sin hogar
440.000 personas excluidas, ( viven  por debajo del umbral de la pobreza)
Más de 50.000 solicitantes de vivienda protegida (sólo en Sevilla)

Por eso denunciamos que nuestro gobierno, ante esta grave crisis, en cuestión de semanas, sale al auxilio de  los bancos para que no quiebre el sistema. De pronto el Estado dispone de recursos para apoyar a estas entidades, las cuales son además las principales causantes de la situación económica que muchas familias sufren y otras tantas pueden padecer si el panorama no cambia radicalmente. Ya no importa generar déficit público y engordar la Deuda Pública, o que se intervenga en la economía de libre mercado “distorsionándolo”. El Estado, en lugar de cumplir su función vital de redistribución de la renta, utiliza el dinero del contribuyente para apoyar a los principales responsables de la crisis y a quienes más recursos poseen, en detrimento de las personas más necesitadas.

La paradoja de todo esto no acaba aquí, sino que una vez que estas entidades hacen su balance económico acaban con enormes beneficios. Sirvan de ejemplo los beneficios netos declarados por las 5 entidades financieras más importantes del Estado:

Grupo Santander: 8.876 millones de euros.
B.B.V.A.: 5.020 millones de euros.
La Caixa: 1.802 millones de euros.
Banco Popular: 1.052 millones de euros.
Caja Madrid: 840 millones de euros.
Sambla: 100 millones euros.

Se ayuda por tanto a los que más tienen, a los mayores responsables de la crisis y a quienes más han ganado.

Ante esta situación no nos queda más remedio que denunciar públicamente la falta de voluntad política por parte del gobierno de ayudar a los más necesitados, pues no era una cuestión de falta de recursos.

Como APDHA pedimos un compromiso firme por parte del gobierno para erradicar la pobreza y exclusión social en Andalucía. Para ello exigimos una Ley de Inclusión Social integradora con dotación económica suficiente para ejecutarla. Y para construir una sociedad basada en la economía productiva y al servicio del pueblo apostamos por una banca pública que no ampare los negocios oscuros y se relacione con los paraísos fiscales, que apoye las actividades económicas productivas en lugar de las especulativas, que su gobierno sea democrático y con una participación real de la sociedad. En definitiva queremos una banca pública que actúe con criterios éticos, donde los pequeños ahorradores tengan su dinero seguro y al servicio de la ciudadanía.

Andalucía, 27 de marzo de 2009

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