Pablo María Fernández, coordinador del Área de Marginación de la APDHA
«Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo» (Artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
El pasado 25 de julio se conocieron los datos de la EPA del segundo trimestre del 2013 en la que figura Andalucía, con 1.440.400 personas (35,79%), casi 10 puntos más que la media estatal (26,26%). Lo peor de estos datos es que no son una noticia nueva y bien lo saben las personas que lo sufren directamente. Pareciera, para las distintas Administraciones, que las cosas son así y no hay nada que se pueda hacer y que algún día llegará la mejoría.
La situación que está viviendo Andalucía con respecto a las personas que viven actualmente en exclusión es alarmante, y a éstas hay que sumarles las familias que permanecen en exclusión desde hace décadas, a las que no se les dio solución en época de bonanza económica. La Junta de Andalucía nunca ha aprobado la necesaria Ley de inclusión y renta básica, a pesar de las reiteradas peticiones que ha tenido de los colectivos y asociaciones que trabajan en contra de la exclusión en Andalucía, entre los que se encuentra la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
Si algo está claro es que la gente quiere y necesita trabajar, lo que pasa es que nadie les da trabajo ni las condiciones mínimas para llevar una vida que se pueda considerar digna de ser vivida. Hay personas que se buscan la vida de distintas maneras: vendiendo pañuelos en los semáforos, vendiendo gafas de sol y relojes en los bares y a lo largo de las playas, aparcando coches en los escasos huecos que quedan en algunas ciudades… Todas ellas intentan subsistir de alguna manera a falta de otro trabajo que les ofrezca unas condiciones mínimas.
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