Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura.

NOTA DE PRENSA DE LA APDH-A EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA

APDH-A y la Federación ENLACE , como miembros de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura , presentan una proposición al Parlamento Andaluz para prevenir, reaccionar con firmeza y prontitud y proteger a la víctima frente a los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El día 12 de diciembre de 1997, por recomendación del Consejo Económico y Social (decisión 1997/251), la Asamblea General proclamó el 26 de junio como Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. El Día tiene como objetivo la erradicación de la tortura y el cumplimiento efectivo de la Convención de 1984 contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de Junio de 1987.

La práctica de malos tratos, torturas, actos crueles, inhumanos y degradantes en el estado español ha sido puesta de manifiesto de manera reiterada por entidades no gubernamentales de carácter internacional, nacional y regional. Organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Relator especial para la cuestión de la Tortura de la ONU , el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y más recientemente el Comisario Europeo de Derechos Humanos, han verificado su existencia. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven (E/CN.4/2004/56/Add.2) concluyó de manera taxativa que había “llegado a la meditada consideración de que esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones. El Relator Especial no concluye que los tratos que acaba de describir constituyan una práctica regular pero, a su juicio, su ocurrencia es más que esporádica e incidental”.

El 17 de mayo de 2005 en el marco de la moción sobre la política general del Gobierno en relación con la tortura y los malos tratos en los centros de detención, se reconoció por primera vez por parte del partido del Gobierno en el Congreso que los malos tratos, aunque no de manera sistemática, desgraciadamente existen en nuestro país . (http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_090.PDF).

La moción que contó con el apoyo de todos los partidos políticos, 307 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, le concedía al Gobierno español un plazo de seis meses para proceder a las acciones oportunas con objeto de ratificar y aplicar de inmediato el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura , constituyendo de inmediato el Subcomité para la prevención de la tortura donde se integrarán las asociaciones defensoras de los Derechos Humanos , así como desarrollar una política integral para prevenir, reaccionar con firmeza y prontitud y proteger a la víctima frente a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, con medidas asistenciales de carácter social, jurídico y económico hasta conseguir su total reparación por el agravio sufrido en sus derechos fundamentales http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_211.PDF En el plazo concedido el Gobierno únicamente ha ratificado el Protocolo, que está en vigor desde el día 22 de junio de 2006, día de publicación del instrumento de ratificación en el BOE.

Andalucía no está exenta de esta violación de derechos humanos. Algunos casos que han saltado a la opinión pública como Roquetas o Marbella no son sino la punta del iceberg. En el Informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura del año 2005 Andalucía aparece a la cabeza de estos hechos con 132 denunciantes de los 596 en todo el estado español .

 

Considerando que el Parlamento Andaluz podría aportar en la lucha contra la tortura, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación Andaluza  de Drogodendencias y Sida ENLACE (102 asociaciones y 7 federaciones), miembros ambos de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura , se han dirigido a los grupos parlamentarios para que  asuman total o parcialmente la propuesta de actuación en nuestra tierra.

La proposición plantea estudiar e investigar el fenómeno de la tortura a través de un comité de estudio; garantizar la asistencia jurídica gratuita y médica especializada a la víctima de la tortura y malos tratos, con mención especial a los menores, que deben gozar de la protección máxima; establecer procedimientos especiales en los centros de la Policía Autonómica ; y garantizar que el funcionario de custodía esté informado y tenga los conocimientos adecuados de los derechos humanos de los ciudadanos.

Es conveniente que exista “un espacio público y democrático para plantear y discutir cuestiones de derechos humanos. La negación y el silencio comprometen los valores inherentes a la dignidad y la seguridad humanas”, tal y como señaló el Relator Especial. Para ello, se plantea la necesidad de c onstituir un Comité de Estudio que contando con la participación de los distintos agentes sociales (abogados, policías, ONGs,…) puedan concluir un estudio sobre la situación, y las medidas que puedan servir para prevenir y reaccionar frente a casos de malos tratos y torturas en Andalucía .

Igualmente parece preciso g arantizar en Andalucía la asistencia jurídica gratuita inmediata a quien se considere víctima de torturas o malos tratos. La atención jurídica debe garantizarse de manera especial a los menores privados de libertad, por lo que debe incluirse en el turno de oficio un Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica la asistencia a aquellos menores que se encuentren cumpliendo medidas de internamiento en un centro de reforma andaluz. Así mismo debe i nstarse a las Direcciones de los Centros de Reforma a permitir el acceso de cualquier letrado de libre designación de la familia, del menor o de Asociación que pretenda visitar a un menor, pues actualmente se limita la entrada a todos aquellos letrados que no sean los que llevan la defensa del menor en el asunto penal que originó la retención.

Debe existir en Andalucía un servicio médico especializado en malos tratos, en cada provincia, al que pueda ser llevado toda persona que denuncie los malos tratos, que trabajará en base a protocolos y estándares internacionales entre ellos el Protocolo de Estambul y gozen de una formación especial para el diagnóstico de las torturas tanto físicas como psíquicas y para la valoración de las secuelas. Así pues, en caso de denuncia por torturas o malos tratos la persona afectada tendrá a su inmediata disposición un médico y un letrado de guardia.

También es preciso establecer procedimientos especiales para evitar casos de malos tratos en los centros de detención competencia de la Comunidad Autonómica , tales como Policía Autonómica. Estos procedimientos deberían incluir la grabación permanente de los interrogatorios, así como de toda la estancia en comisaría, que serán registrados con mecanismos audiovisuales cuyo control y revisión será realizado por organismos independientes de las fuerzas policiales, de acuerdo con la recomendación del Informe de 9 de noviembre de 2005 del Comisario Europeo de Derechos Humanos, a raíz de su visita a España.

Finalmente, debe garantizarse que el funcionario o quien ejerza funciones de custodia bajo responsabilidad de la Junta de Andalucía esté informado de la prohibición de tortura, tenga la formación adecuada en los protocolos internacionales de garantía de los derechos humanos y tenga los conocimientos socio-culturales adecuados para poder respetar en todo momento los derechos y libertades que siguen asistiendo a toda persona detenida o presa.

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