DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General, proclamó el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante (resolución 55/93). Y ello porque ese mismo día, pero en 1990, la Asamblea había adoptado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (resolución 45/158).

Es la propia ONU la que invita a los Estados Miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentale s y organizaciones no-gubernamentales, a la difusión de información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos.
Llegado pues este día, en el que se van a organizar actividades de todo tipo en numerosos lugares, impulsadas casi todas por las ONGs en medio de un sospechoso silencio por parte de administraciones y gobiernos (cuando hacen tanto ruido precisamente para todo lo contrario), parece de rigor manifestar que las medidas para la protección de los derechos de los migrantes, que literalmente pide la ONU, se miden con cuentagotas. En tanto que numerosos nubarrones aparecen en el horizonte.

De hecho, en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos en las fronteras,  la APDHA hemos venido denunciando que año tras año aumentan las víctimas de forma proporcional al incremento de las medidas y los presupuestos empleados en evitar la llegada de las personas que desean emigrar. Si durante el año 2006 constatamos la muerte de al menos 1.167 personas, este año la propia Guardia Civil ha reconocido en torno a 800 personas muertas al intentar llegar a las Canarias, a los que habría que sumar cuantos perdieron la vida en los desiertos, en las costas marroquíes o incluso en las costas de la península.
Pero no sólo. Porque, pese a todos los informes y a todas las denuncias de numerosas ONgs (entre ellas la nuestra) y organizaciones internacionales, el derecho al asilo cada vez está más cuestionado, los derechos a asistencia en las fronteras siguen sin desarrollarse, los menores no acompañados amenazados de repatriación, las expulsiones colectivas son un hecho y la protección de los derechos humanos cada vez está más lejos1 de hacerse realidad en los actuales procesos migratorios.

¿Qué decir del llamamiento de la ONU cuando aún ningún país de la UE ha firmado el Convenio Internacional para la protección de los trabajadores migrantes y sus familiares ¡de 1990!? Sin duda los caminos para la de “armonización” europea lo que van armonizando es la restricción de derechos y la puesta en marcha de políticas hiperrestrictivas para los migrantes, bien lejos1 del espíritu del 18 de diciembre.
Los vientos electorales, cuando creíamos que afortunadamente la inmigración había desaparecido de la confrontación política, nos vuelven a traer anuncios de endurecimiento y de recorte de derechos.

Es el caso de la Proposición de Ley  de “Medidas para la Lucha contra la Inmigración Clandestina” que el Senado ha enviado aprobada por CiU, CC y PP al Congreso y que profundiza muchos de los aspectos más represivos de la actual Ley de Extranjería y que supondría de aprobarse un gravísimo  ataque a los derechos humanos.
Endurecimiento que alcanza al “Proyecto de Reforma de la Ley del Poder Judicial” -enviado por el Congreso al Senado- o a las normas de actuación en la expulsión o la repatriación contempladas en el Protocolo elaborado por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil,  que suponen dar rango normativo a la consideración de que las personas que se expulsan son peligrosas o violentas, autorizando el uso de “grilletes metálicos”, “capuchas”, “correas de sujeción”, “camisas de fuerza”, etc… Todo ello a plena vista de los pasajeros, configurando un conjunto de prácticas que pueden calificarse de crueles, inhumanas y degradantes.

Llegados pues al 18 de diciembre, cuando se trataría de poner en marcha medidas para proteger los derechos humanos de las personas migrantes, tal como dice la ONU, habría que plantear lógicamente que es preciso un giro radical que se encamine en la dirección que nos indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo 60 aniversario hemos entrado ya.

Empezar por reconocer y practicar que los Derechos Humanos son también de aplicación en la gestión de las migraciones, en las fronteras. Y actuar conforme a ello, de forma que el derecho al asilo no resulte burlado, que la protección de las personas esté asegurada y que se evite con otras políticas migratorias la muerte y el sufrimiento de tantos inocentes.

En segundo lugar, paralizar proyectos legislativos y normativos como los citados y, al contrario, profundizar en el reconocimiento de derechos, en la línea de la feliz sentencia del Tribunal Constitucional respecto a algunos artículos de la Ley de Extranjería. No será sino desde el reconocimiento y el acceso a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, desde donde será posible la integración social y la convivencia.
En esto último tendrán sin duda un papel relevante las políticas públicas que con todo rigor y contundencia hay que reclamar. Pero también lo tendrá la actitud social. Sobre la que tenemos la obligación de incidir. Con información veraz, con acción solidaria a favor de la igualdad, con acción educativa de respeto y reconocimiento mutuos y con intercambio y acción intercultural.

El 18 de diciembre puede ser un día más, otro de tantos “Días Mundiales”. Pero también puede ser un recordatorio, un aldabonazo para tener presente por donde deberíamos caminar y cuales senderos debemos abandonar.

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