La práctica de malos tratos, torturas, actos crueles, inhumanos y degradantes en el estado español ha sido puesta de manifiesto de manera reiterada por entidades no gubernamentales de carácter internacional, nacional y regional, tales como Human Right, Amnistía Internacional y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura de la que forman parte la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida ENLACE Y el Grupo 17 de Marzo.
Organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Relator especial para la cuestión de la Tortura de la ONU, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y más recientemente el Comisario Europeo de Derechos Humanos, han verificado su existencia. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven (E/CN.4/2004/56/Add.2) concluyó de manera taxativa que había “llegado a la meditada consideración de que esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones. El Relator Especial no concluye que los tratos que acaba de describir constituyan una práctica regular pero, a su juicio, su ocurrencia es más que esporádica e incidental”.
Andalucía no está exenta de esta violación de derechos humanos. Algunos casos como Roquetas o Marbella no son sino la punta del iceberg. En el Informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura del año 2006 Andalucía aparece como la segunda comunidad con más hechos de este tipo: 55 casos con 139 denunciantes, con el 22,6 % del total del estado español, 266 casos y 610 denunciantes. Entre las 10 provincias españolas con mayor número de denuncias se sitúan tres andaluzas: Sevilla con 59 denunciantes, Málaga con 35 y Cádiz con 23. El número de denuncias es superior al del año 2005, destacando la duplicación del número de denuncias en Sevilla. El número de casos se ha incrementado igualmente en Málaga.
De las 139 personas que denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas, 71 indicaron haberlas sufrida por Policía Nacional, 50 por Policías Local, 14 por Funcionarios de Prisiones, 3 por Guardias Civiles y 1 por Policía Autonómica.
En Andalucía fueron condenados en el año 2006 al menos 14 funcionarios públicos, siendo la Policía Local la que obtuvo mayor número de condenas, en concreto con 9. La provincia de Cádiz con 7 y Granada con 5 encabezan la lista de condenas.
La mayoría de los hechos 9, sucedieron en o con ocasión de la circulación. Ello nos permite concluir que la tortura es un hecho que afecta a toda la ciudadanía, con independencia del status social. No obstante, la mayor capacidad del ciudadano de clase media determina que una vez sucedido el hecho lo denuncien en mayor proporción que la población excluida. La mayor credibilidad de aquellos por parte de
los Juzgados determina un mayor número de condena que de éstos. A pesar de ello, se puede concluir que los que sufren más tortura y malos tratos son los más excluidos. En ocasiones su resignación, experiencias previas y falta de confianza en las instituciones determina que no denuncien.
Del estudio comparado de los últimos años, denuncias y condenas se concluye que solo el 7% de los funcionarios denunciados son condenados.
Es conveniente en el día de hoy reivindicar que exista “un espacio público y democrático para plantear y discutir cuestiones de derechos humanos. La negación y el silencio comprometen los valores inherentes a la dignidad y la seguridad humanas”, tal y como señaló el Relator Especial.
El Comisario Europeo de Derechos Humanos en su informe de 9 de noviembre de 2005 señaló en el punto 8 que en sus “distintas reuniones con organizaciones no gubernamentales (“ONG”), varias de ellas expresaron su preocupación por lo que consideran un incremento de los casos de tortura y malos tratos infligidos por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en particular tras los ataques terroristas de septiembre de 2001 y marzo de 2004. Según estas informaciones, el temor a denunciar tales actos, las dificultades materiales para hacerlo o recibir asistencia letrada y las dilaciones en la investigación contribuyen a que muchos de estos abusos queden en la impunidad. Según algunas ONGs, tan sólo un porcentaje reducido de casos de tortura o malos tratos termina en una denuncia y aún menos en una condena penal. También señaló en el punto 51 que “existe una preocupación real por las condiciones de los centros de reforma de menores en Andalucía y por supuestos casos de malos tratos”. (http://www.icam.es/docs/ficheros/200407190008_6_39.pdf)
Por ello proponemos:
1.- Constitución de un Comité de Estudio que contando con la participación de los distintos agentes sociales (abogados, policías, ONGs,…) puedan concluir un estudio sobre la situación, y las medidas que puedan servir para prevenir y reaccionar frente a casos de malos tratos y torturas en Andalucía.
2.- Asistencia jurídica gratuita: Garantizar en Andalucía la asistencia jurídica gratuita inmediata a quien se considere víctima de torturas o malos tratos.
3.- Atención Jurídica en Centros de Menores: Creación de un Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Gratuita para la asistencia a aquellos menores que se encuentren cumpliendo medidas de internamiento en un centro de reforma andaluz, al igual que existe en las prisiones.
