DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El próximo 10 de Diciembre se cumplen 59 años desde que la ONU, en París, proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un hito sin duda trascendental en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y de sus derechos inherentes como persona. Pero, desgraciadamente, no podemos hacer una fiesta. Los derechos humanos, 59 años después siguen siendo una meta aún lejana para la humanidad.

En el nuevo marco que el 10 de diciembre nos vuelve a brindar no tenemos sino que volver a poner de manifiesto que la situación de las personas empobrecidas en Andalucía se cronifica, constituyendo un insoportable escándalo.
Mientras que el Estado ha obtenido durante 2007 un superávit de 12.857 millones de euros -una cifra que equivale al 1,22 por ciento del PIB- el foso entre los andaluces instalados en el bienestar y los que se encuentran en los círculos de la exclusión social sigue agrandándose. El frigorífico público rebosa y, paradójicamente, los datos que se siguen manejando sobre empobrecimiento y exclusión se perpetúan. Más de 400.000 andaluces siguen viviendo  en la pobreza severa, y cerca de 300.000 en la agria losa de la exclusión social.
La pobreza está matando en nuestra tierra y en sus costas fronterizas más que el terrorismo, los accidentes de tráfico o la siniestralidad laboral. Sin embargo, abdicamos a instituirlo como el principal problema al que enfrentarnos como sociedad socialmente responsable y consolidamos las tendencias políticas y ciudadanamente consentidas del “sálvese quien pueda”.
La pobreza en Andalucía no es un fenómeno natural. La pobreza es causa y producto de las violaciones de los derechos humanos. Las personas a las que se les deniegan los derechos –los chavales marroquís que institucionalmente dicen  desbordan la capacidad de acogida que disponemos; las familias rumanas acosadas en nuestras capitales de provincia con levantamiento de campamentos tras levantamiento; los inmigrantes que mueren en el abismo del Estrecho; los enfermos mentales abandonados -por ejemplo- tienen más probabilidades de acabar en el círculo de la exclusión.
Círculos que sólo romperemos en la medida que sean quebrados por los límites de la solidaridad. Solidaridad que nos empuje a la exigencia de incorporar en la agenda política andaluza el reto de acabar con la pobreza como principal prioridad.  Ya pasaron los tiempos de investigar, de analizar la realidad, de diagnosticarla. La sociedad de la información y del conocimiento nos ofrecen estudios de campo con cifras y datos con un solo clickeo. Y tampoco debe ser una cuestión de recursos cuando por tercer año consecutivo acabamos con una situación de bonanza en las arcas públicas.
Es tiempo de compromiso, de exigencias ciudadanas. Nuestros políticos exhiben alegremente, como si se de un escaparte navideño se tratase, toda la política social que desarrollan: ayudas para los estudiantes, cheques bebés para fomentar la natalidad, incentivos a la contratación, ayudas a jóvenes para el alquiler…y desechan la verdadera política social que nuestra sociedad necesita. Quizás por “insignificante” que sea, se les ha olvidado que cuando la pobreza se anquilosa es porque lo estamos consintiendo, otorgando conscientemente la categoría de insignificantes a las personas que nacieron en una importante desventaja de oportunidades.
Insignificantes serán por tanto que de las 14.000 personas presas que habitan las cárceles andaluzas un 40%  padece trastornos mentales, un 18,6%  está enfermo de VHI y un 80% son drogodependientes. La solución que se está dando a los verdaderos problemas sociales es obvia a la luz de quienes son los que realmente se encuentran en el interior de los muros.
Sin embargo, cuando la insignificancia se hace valiosa, la realidad se convierte permeable a los cambios.  Hace pocos días, visualizábamos como la fuerza de la sociedad civil ha propiciado que se declaren inconstitucionales tres artículos de la Ley de Extranjería del año 2000 otorgando a  los extranjeros sin papeles el disfrute de derechos tan fundamentales como el de reunión, asociación, sindicación, educación y asistencia jurídica gratuita sea cual sea su nacionalidad y tengan o no regularizada su residencia en España. El propio Tribunal Constitucional ha fundamentado su fallo en insistir que pertenecen al ámbito de la “dignidad humana” uno de los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico-político y del que tan pendiente debemos estar si no queremos vaciarlo de contenido. En el 1948 se reconocieron universalmente y en el 2000 a golpe de taquígrafo se suprimieron…. pues, eso es lo que nos encontramos en el día a día y con lo que debemos ocuparnos y preocuparnos.