La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía forma parte de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la tortura (CPDT).
Esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa en el Col•legi d’Advocats de Barcelona en la que se ha analizado el papel de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la tortura (CPDT) desde que en 2004 se constituyera como plataforma de la que forman parte diversas organizaciones unidas por la lucha contra la tortura y la defensa de los Derechos Humanos. Así mismo se han abordado los retos de cara a futuro en ese trabajo de denuncia de la tortura hasta la erradicación total de la misma. En este sentido se ha instado a las organizaciones internacionales a que tomen medidas de presión para obligar al Estado Español a que tome algunas medidas urgentes en materia de prevención de la tortura.
En primer lugar, Andrés García Berrio, portavoz de la Coordinadora, ha instado a que tanto la UE como el resto de organizaciones internacionales sancionen al Estado Español y Marruecos hasta que no se respete la legalidad internacional en la frontera sur, tanto en lo que respecta a las devoluciones “en caliente” como a los casos de malos tratos y tortura que están teniendo lugar a ambos lados de la valla. Asimismo, ha instado al Consejo del Poder Judicial, a la Fiscalía y a los Institutos de Medicina Forense a que se elabore conjuntamente con la sociedad civil un Protocolo para la investigación efectiva en materia de tortura y malos tratos en base al Protocolo de Estambul (manual de la ONU para la investigación de situaciones de tortura y malos tratos), ya que según ha declarado “estamos en un campo donde la realidad dista mucho de la legalidad, y en la mayor parte de los casos no se producen investigaciones efectivas que tengan en cuenta la peculiaridad de estos delitos”. Por último, ha remarcado que es “absolutamente necesario que cumpliendo con las recomendaciones de organizaciones de Derechos Humanos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, sea derogado el régimen de detención incomunicada, ya que bajo esta detención se ha producido el número más alto de denuncias de torturas, ya que su propia naturaleza ampara que se produzca la tortura sobre un manto de impunidad”.
Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora Estatal ha afirmado que “se ha asistido a un progresivo aumento de las denuncias por malos tratos y torturas, lo que contrasta de forma escandalosa con el escaso número de condenas existentes en el estado”. Se demuestra así el escaso interés por parte de las autoridades de investigar y acabar con estas situaciones, desoyendo sistemáticamente las recomendaciones de organismos internacionales y estatales para la prevención de la tortura. Ha señalado que “en estos 10 años se han recogido un total de 6621 denuncias de tortura y/malos tratos así como 833 muertes bajo custodia”. Asimismo, ha indicado que se tiene conocimiento de que se han producido tan solo 752 condenas, de las cuales casi la mitad fueron por falta y no por delito. La preocupación aumenta, según insitió, debido a que hay un gran número de indultos a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que han sido condenado. Asímismo, entre las víctimas, indicó, cuesta tomar la decisión de denunciar ya que hay un fuerte miedo a las represalias (en forma de contradenuncia o empeoramiento de la situación), especialmente en colectivos más vulnerables ante ellas como presos y presas, personas migrantes o trabajadoras sexuales ven de esta manera limitada su capacidad de denuncia.
Un gran ejemplo del trabajo realizado en este recorrido de lucha contra la tortura y los malos tratos es el estudio sobre “Incomunicación y tortura” el cual ha sido presentado por Ohiana Barrios, primer estudio de este tipo que analiza 45 casos de tortura tomando como referencia el Protocolo de Estambul cuyo objetivo principal es analizar la credibilidad de los relatos. Las conclusiones son demoledoras. Según ha manifestado, “las 45 personas peritadas han hecho un relato cierto y sustancialmente veraz de lo que constituyó su experiencia de detención incomunicada”.
Durante el fin de semana, en el mismo lugar tendrán lugar unas jornadas (21 y 22 de noviembre) que se estructurarán en base a tres bloques la realidad de la tortura y los maltratos en el Estado español, la represión de la disidencia y los instrumentos de mecanismos de la prevención y la denuncia de la tortura. Acabadas las Jornadas se plantearán una serie de conclusiones, recomendaciones y exigencias tanto al Estado como a las autoridades competentes a nivel nacional e internacional para que cesen las situacion.
