Hace una semana, el día 14 de enero, tuvimos conocimiento de que seis familias se habían realojado en viviendas desocupadas de EMVISESA en Nuevo Amate (antigua Regiones Devastadas). Estamos hablando de un núcleo de 220 viviendas de las que se habían adjudicado, en octubre, 72 viviendas a los antiguos moradores y restaban sin adjudicar 148. Con este motivo la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha incoado de oficio, el pasado viernes 17, una queja dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, que le insta a dar salida a las viviendas vacías que son propiedad del Ayuntamiento y esto, por un motivo principal: la necesidad de vivienda para una parte importante de la ciudadanía sevillana. En la misma queja se refiere a que “se está gestando un alto clima de conflictividad social”.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos hecho público nuestro posicionamiento con relación a este tema: la ciudadanía tiene el deber y la obligación de organizarse para satisfacer los derechos humanos básicos, como es el derecho a la vivienda, y sobre todo cuando las administraciones les dan sistemáticamente la espalda.
Entendemos que en este caso el Ayuntamiento, lejos de buscar soluciones, está actuando de manera irresponsable no tendiendo puentes de diálogo entre la ciudadanía y la administración.
Cuando el alcalde dice que las familias sevillanas que tengan problemas de vivienda deben dirigirse a EMVISESA, no hace sino indignar más a unas familias que han podido constatar una vez tras otra como no se les da respuesta a sus legítimas demandas.
El pasado viernes se personó en Nuevo Amate, junto a otros activistas de la APDHA, Pablo María Fernández, coordinador andaluz del área de marginación, que es el área que se encarga de velar por el cumplimiento del derecho a la vivienda. Intentamos visitar a las familias para conocer de primera mano la situación y nos encontramos con la prohibición por parte de la Policía Local. Volvimos a intentarlo anoche acompañados del abogado de las familias y se nos volvió a impedir la entrada. Se encuentran rodeados y cercados por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del estado que sin resolución judicial alguna y por orden del Ayuntamiento, les están impidiendo la comunicación con el exterior a menos que abandonen su demanda, el acceso a la asistencia letrada, se les impide acceder a móviles o cualquier producto de necesidad. Solo se permite la entrada de alimentos bajo estricto control. Entendemos que esto es intolerable, las familias realojadas están en un estado más propio de una cárcel y no de un estado de derecho.
Puentes y no muros es lo que se debe tender para solucionar los conflictos. Entendemos que el Ayuntamiento está actuando contra derechos humanos básicos y desde nuestra Asociación emprenderemos las acciones pertinentes para que esta situación no se mantenga por más tiempo y se esclarezcan quiénes son los responsables de las acciones que se están implementando y que son contrarias, a nuestro entender, a los derechos humanos.
Sevilla, 21 de enero de 2014
