Recientemente ha sido aprobada en sesión plenaria del Ayuntamiento de Huelva una moción, con fecha 24 de febrero del presente año, para que la Corporación Municipal inste al Consejo de Gobierno Andaluz la tramitación del anteproyecto de Ley de Inclusión Social de Andalucía al Parlamento Andaluz. Esta moción, que fue aprobada por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de la capital, fue presentada por Izquierda Unida a petición de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
La Ley de Inclusión Social, que supone una asignatura pendiente en nuestra comunidad con diez años de retraso en su aprobación y puesta en funcionamiento, es un instrumento necesario para garantizar los derechos básicos de todos los andaluces, independientemente de su origen.
Según las últimas encuestas de población activa, la tasa de desempleo en suelo andaluz se sitúa en el 25,64% (994.400 parados). Estas cifras suponen que en el tercer trimestre del pasado año, el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos parados es de 1.154.400. Según los datos del Centro de Estudios Andaluces de 2008, antes de la crisis había en Andalucía 440.000 personas excluidas, que no se benefician de las épocas de bonanzas pero que les afectan los recortes presupuestarios.
Existe una amplia coincidencia en considerar a Andalucía como una de las comunidades españolas con mayor índice de pobreza y exclusión de toda España, pese al crecimiento que se ha producido en la última década y la convergencia con las medidas nacionales en otros indicadores.
En lo que se refiere a la lucha contra la exclusión social apenas se ha avanzado. Casi 8.000 personas, según Cáritas, no tienen un hogar donde vivir y se ven obligados a vivir en la calle. Miles de andaluces viven en barrios marginales y nunca les llegó los beneficios de las épocas de bonanza económica. El fracaso del Plan Integral para la erradicación del chabolismo en Andalucía de 1997 se demuestra con el último informe sobre chabolismo del Defensor del Pueblo donde se hace referencia a los miles de andaluces que todavía viven en ese tipo de asentamientos. Además de esa Andalucía invisible que supone las miles de personas inmigrantes a las que la crisis deja totalmente desprotegidos y que trabajan en condiciones de total precariedad.
Este panorama es el que hace precisa una ley andaluza que trabaje por la inclusión de todos los habitantes de nuestra comunidad, como la que la APDHA reclama ahora con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva.
Huelva, 3 de marzo de 2010
