El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía ha comparecido hoy por quinta vez y tras ocho iniciativas parlamentarias para informar en el parlamento sobre elestado de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria (SOAJP)
Dos años y medio después de que el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, en Abril de 2012 decidió el fin de un servicio público esencial para uno de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, el SOAJP sigue sin ser reinstaurado, pese a haber anunciado públicamente en varias ocasiones su reinstauración. Hoy ha afirmando en sede parlamentaria que lo que le pide el Parlamento es “cuasi malversar causales públicos para reinstaurar el servicio”.
El Consejero ha reiterado que era una cuestión de legalidad un Convenio Tripartito con los abogados y con el Ministerio del Interior. De ser ello así, debería haber puesto en conocimiento de los Tribunales su omisión por el Gobierno socialista entre los años 2001 y 2008, para depurar eventuales responsabilidades penales. Ha omitido pronunciarse si por tanto era constitutivo de delito lo que hicieron sus predecesores tal y como ha insinuado en sede parlamentaria.
Es necesario recordar que ningún otro servicio del estado español, cuenta con el citado convenio Tripartito. El Parlamento Andaluz ha aprobado cuatro mandatos exigiendo la reinstauración del SOAJP sin la firma del Ministerio del Interior. ¿Todos se equivocan o lo hace el Sr. Consejero?
El Sr. De Llera ha mantenido y sigue manteniendo que no se trataba de una cuestión de recorte presupuestario con los más desfavorecidos. Pero frente a ello, nos encontramos que se ha ahorrado un millón de euros y que reducirá un 66% el coste del servicio en el futuro, no garantizando la mínima calidad exigible en el servicio. Los 396.000 euros anuales para la atención de las 13.000 personas presas se verán reducidos a una cantidad que parece que no llegará a la mitad. Inicialmente se han presupuestado 130.000 euros.
Se reducirá tanto el número de letrados como el importe de las asistencias. Antes asistía de media un abogado diario en la mayoría de las provincias, ahora se reducirán a la mitad, lo que determinará a buen seguro que el tiempo de que dispondrán los abogados para cada uno de los presos será insignificante. Si antes se atendían en muchas prisiones a 7 presos en dos horas, ahora probablemente serán 10. La calidad se reducirá necesariamente.
A su vez, se abonará por asistencia la mitad de lo que se abonaba antes de su suspensión. ¿Cuántos letrados pueden estar dispuestos a desplazarse 130 kilómetros, estar una mañana y trabajar y seguir cada una de las encomiendas jurídicas que le hagan los presos por alrededor de 60 euros?
El Consejero de Justicia ha manifestado que tras la lectura que ha efectuado del Convenio, previa a la comparecencia, el SOAJP comprenderá no solo la orientación como inicialmente se preveía en un borrador. Pero que como quiera que su lectura difiere de la efectuada por el resto de partidos siempre quedará los Tribunales para su interpretación. ¿No sería más fácil realizar una redacción que no de lugar a equívocos?
También ha afirmado que ha sido aprobado Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), si bien éstos han señalado que están a la espera del contenido definitivo, ya que a pesar de dar el visto bueno para desbloquear la paralización hicieron constar en el acta su disconformidad.
Incumpliría igualmente así lo acordado en el Parlamento de Andalucía en las cuatro proposiciones no de ley aprobadas por todos los grupos parlamentarios que han alabado este servicio, su utilidad, su calidad y su necesidad para garantizar los derechos de las personas presas en Andalucía.
Sin embargo el Consejero ha terminado retratándose al afirmar que “decir que los abogados son imprescindibles es un insulto para los fiscales”. No dejamos de quedarnos perplejos ante tales manifestaciones en sede parlamentaria de un Consejero de Justicia. Parece que para él los andaluces que sean detenidos o acusados de algún delito deben sentirse defendidos por la institución cuya principal función es dirigir su acusación.
La APDHA seguirá exigiendo que se cumplan los mandatos parlamentarios de manera inmediata y no dilate más la suspensión del derecho de defensa de las personas más vulnerables en Andalucía.
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