Unas 200 personas se encuentran privadas de libertad en el centro penitenciario de Puerto I, edificio que data de los años 80 y que carece de sistema de calefacción central. Desde el mes de noviembre del pasado año, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha recibido numerosas quejas de presos y familiares denunciando que tienen que soportar con indignación bajas temperaturas en las celdas, locutorios y demás dependencias con algunas excepciones como enfermería.

Si convenimos que para el resto de la ciudadanía las mantas no son una solución para atajar el frío, para las personas privadas de libertad tampoco lo es. Es por ello que, tratándose de un servicio público residencial, éste debe prestarse igual que en el resto de servicios públicos del resto de Administraciones (hospitales, centros de mayores, centros de menores, etc.) con las medidas de habitabilidad precisas.

Y así lo ha considerado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nº4 el pasado 20 de abril de 2017 en el que mediante Auto, estima la QUEJA presentada por “Francisco” (nombre ficticio) en la que denuncia que “recomendaciones de ahorro energético y limitación de gasto están influyendo en las condiciones de cumplimiento de la pena, pese a tratarse de un servicio público. Ello está afectando a las condiciones de habitabilidad, es difícil conciliar el sueño, incluso concentrarse en actividades diarias como leer o escribir. En ocasiones, está afectando negativamente a la salud de los ciudadanos privados de libertad (enfriamiento articulaciones, dificultades respiratorias, refriados, etc.)”. Estamos ante una clara vulneración del artículo 14 CE (igualdad de trato) ya que no hay ninguna otra Administración que no disponga de los sistemas precisos para prestar un servicio público.

La legislación nacional e internacional es clara y establece que las personas presas tienen derecho a que la Administración Penitenciaria vele por su vida, integridad y salud, así como que las celdas deberán satisfacer las necesidades de higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen espacio, ventilación, agua, alumbrado y calefacción se ajuste a las condiciones climatológicas de la localidad.

Esta vez la justicia da la razón “al otro”, al “ciudadano de segunda categoría”; el Juzgado ha  estimado la queja presentada por “Francisco” declarando que  “siendo sobradamente conocidas las bajas temperaturas que se alcanzan en el interior del centro penitenciario en el periodo invernal, es por lo que, en aplicación a lo dispuesto en los artículos 3.4 y 77 LOGP, debe proponerse  a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la adopción de las medidas necesarias para la instalación de sistemas de calefacción adecuados a las características del centro”

Esperamos que esta propuesta dirigida a Instituciones Penitenciarias no caiga en saco roto y el próximo invierno los 200 ciudadanos privados de libertad en el Centro Penitenciario de Puerto I puedan sustituir las mantas y las botellas de agua caliente por calefactores individuales proporcionados por el Centro Penitenciario.

El acompañamiento social y el apoyo en esta carrera de fondo por la conquista de derechos, es de vital importancia. De sobra sabemos que la denuncia de este tipo de situaciones puede suponer el inicio de un calvario de sanciones encubiertas; visibilizar las carencias y deficiencias de que adolece nuestro sistema penitenciario no es gratuito.

No solo  se necesita el apoyo de familiares y amigos, sino también es imprescindible el de las organizaciones civiles e incluso de las instituciones locales: importante ha sido el apoyo mostrado por el Ayuntamiento de Cádiz, que pese a escapar de su competencia, se ha unido a la reivindicación llevada a cabo por la APDHA instando a Instituciones Penitenciarias  a activar la calefacción en los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz visibilizando y reconociendo de esta manera situaciones de vulneración de derechos que afectan a una parte de la ciudadanía.