El pasado mayo presentamos en rueda de prensa el Informe- denuncia “Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso de la sociedad del Bienestar”, así como hicimos público un Auto de la Jueza de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla y posteriormente de otro de Córdoba que afirmaba que el Derecho Constitucional a la salud se está vulnerando sistemáticamente en las prisiones ordinarias en cuanto a la atención médica especializada.
Ayer día 5 de septiembre, impulsado por nuestro trabajo, el grupo parlamentario de IU-LOS VERDES planteó una proposición no de ley en la comisión de Igualdad y Bienestar Social que insta al Consejo de Gobierno para que cumpla los convenios que tiene suscritos con el Ministerio del Interior y garantice la asistencia social, médica, psiquiátrica y de tratamiento integral a los enfermos mentales de las prisiones ordinarias andaluzas y trabaje su excarcelación. Así mismo, que antes de la puesta en libertad del enfermo mental se trabaje y garantice la integración del mismos en los servicios sanitarios y sociales comunitarios andaluces, coordinándose los servicios mentales del SAS y los servicios sociales y los servicios médicos penitenciarios.
Todo lo anterior fue apoyado íntegramente por grupos Parlamentarios de IU-los verdes, Popular y Andalucista, y de forma parcial por el grupo Socialista. Lo cual agradecemos y de lo que nos alegramos en gran medida en cuanto que al fin se reconoce la grave situación que el 8% de enfermos mentales graves y el 40% de internos con trastornos mentales y de personalidad padecen en las prisiones ordinarias andaluzas, a los que, hasta ahora, no se les ofrece tratamiento ni alternativa.
El grupo parlamentario socialista fue el único que votó en contra de varios puntos que instaban al Consejo De Gobierno a que para dar cumplimiento al Convenio con el Ministerio del Interior de 5 de junio de 2006, crearan los recursos sociales, ocupacionales, médicos de rehabilitación y tratamiento tanto ambulatorios como residenciales en el exterior suficientes para cubrir las necesidades de los enfermos mentales que puedan salir de prisión, en cuanto que en la actualidad no existen. Y mientras tanto que les presten los programas específicos de abordaje integral y no la simple medicación como en la actualidad.
Según el grupo socialista estos objetivos los están cumpliendo y ofrecieron datos tanto del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla como de los recursos y programas destinados a los discapacitados intelectuales.
Debemos decir una vez más, que esos colectivos no son el objeto de nuestra denuncia ni era lo que se les solicitaba en la PNL. Por tanto, a pesar de alegrarnos por el reconocimiento parlamentario a esta grave situación y la voluntad de que tenga solución, debemos instar al Consejo de Gobierno a que no se escude en el trabajo que realiza en colectivos que no son los enfermos mentales de la prisiones ordinarias para justificar la total desatención que estos padecen en la actualidad.
