La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asamblea de Familiares de Personas Presas han conseguido que se apruebe en el parlamento andaluz una proposición que exige a la Junta de Andalucía que resuelva la problemática del transporte a las prisiones. Desde la APDHA y la Asamblea de familiares se ha reivindicado un servicio de transporte público a todas las prisiones andaluzas, a fin de hacer posibles las visitas de familiares y amigos de las personas presas, así como ayudas públicas para el desplazamiento a los centros penitenciarios ya sean de sus provincias de residencia como otras más lejanas.
Desde finales de los años 90 la APDHA comenzó a trabajar una campaña denominada “Ningún pres@ andaluz fuera de su tierra”. En la misma exigíamos a las Administraciones competentes que ninguna persona presa andaluza estuviera fuera de su tierra. El objetivo fundamental era reivindicar el cumplimiento de la legalidad, ya que el espíritu de la Ley General Penitenciaria se basa en que las penas se cumplan en el establecimiento penitenciario más próximo al lugar de origen del preso. Pero lo cierto es que, de manera sistemática, se viene haciendo caso omiso a este mandato.
La posibilidad de cumplimiento de las penas fuera del lugar de origen de la persona presa sigue prestándose a múltiples arbitrariedades por parte de las autoridades penitenciarias, que pueden hacer un uso desviado de los traslados, convirtiéndolos en un instrumento de castigo encubierto tanto para las propias personas presas como para sus familias.
El que más del 15% de las personas presas andaluzas cumplan condena fuera de su Comunidad Autónoma, y el 50% lo hagan en provincias alejadas a las de sus familias, tiene una serie de importantes repercusiones. Que estas personas no puedan relacionarse de forma habitual con sus familiares los aboca a una mayor exasperación en su situación personal y al aumento de los niveles de estrés y violencia en las cárceles. Aparte de una desvinculación con la realidad y mayor dificultad de incorporación a la sociedad una vez cumplida su condena. Además el alejamiento de la familia supone en la práctica la imposibilidad de disfrutar de permisos, porque se carece de personas que estén dispuestas a recibir en el exterior a los presos. Este hecho también conlleva que no se pueda acceder al tercer grado y a la libertad condicional, alargándose así desproporcionadamente la duración de las penas, y por tanto que la finalidad de reinserción de la pena difícilmente pueda cumplirse.
Y para los familiares supone, entre otras muchas vicisitudes, importantes desembolsos económicos, agravándose su ya precaria economía. La otra cara del alejamiento de las personas presas, es la “condena” a la que se ven sometidos sus familiares, que con precaria economías ven casi imposible poder relacionarse con su familiar preso a veces durantes años.
Resulta tremendamente injusto, por ejemplo, que hijos1 pequeños se vean impedidos de relacionarse con sus padres, por falta de recursos económicos, no existiendo ni ayudas para los desplazamientos, ni interés político por prestar un servicio público suficiente de trasporte a las prisiones andaluzas. Para algunas prisiones ni siquiera existe dicho servicio.
Esta situación nos parece inadmisible, en cuanto que muchos de los familiares de las personas presas disponen de muy escasos recursos y no pueden abonar el coste de un servicio privado todas las semanas. Puede entenderse algo mejor si pensamos en la situación de pensiones de 200 a 400 € con los que deben vivir durante un mes todos los miembros de una familia, que a veces son muy numerosas. Algunos familiares deben ahorrar todo el mes para poder hacer una sola visita o distanciarlas incluso más, lo que les produce un sufrimiento añadido a la situación de tener un familiar cumpliendo condena.
No es de recibo que construyan centros penitenciarios alejados de los núcleos urbanos y se excusen las administraciones en la poca rentabilidad del servicio de trasporte para no ofrecerlo, ya que en cuanto que servicio público debería tener una orientación de servicio al ciudadano y no de rentabilidad económica o beneficio. Hay prisiones andaluzas a las que no se puede llegar en transporte público y en otras el servicio es muy precario. Muchas personas deben hacer el camino andando durante varios kilómetros hasta el núcleo urbano más cercano al no poder permitirse un transporte privado, y otros deben esperar durante horas por falta coincidencia de los horarios de los autobuses con el de las visita.
Por ello desde la APDHA comenzamos a trabajar el pasado año junto con la Asamblea de familiares y Amigos de las personas presas justamente para reivindicar un servicio de transporte público a todas las prisiones andaluzas, que además sea ajustado a los horarios de visitas en las prisiones, que el recorrido del transporte público que conduzca a prisión incluya en su trayecto una parada previa en las estaciones de autobuses y tren, principal nudo de comunicaciones para las provincias y el resto de capitales andaluzas, a fin de facilitar las visitas de familiares de otras localidades, así como ayudas públicas para el desplazamiento de los familiares y amigos de las personas presas a los centros penitenciarios ya sean de sus provincias de residencia como otras más lejanas.
El trabajo realizado durante este último año ha consistido desde sacar a la luz esta problemática en los medios de comunicación, interponer quejas ante el Defensor del Pueblo, quien recibió a los familiares de los presos y se comprometió a intentar solucionar la situación, invitar a la asamblea de familiares a diversos representantes políticos municipales e intentar tramitar alguna decisión en el Parlamento.
La pasada semana La comisión de Obras Públicas y Vivienda del Parlamento de Andalucía debatió extensamente la problemática que anteriormente le habíamos hecho llegar a todos los grupos parlamentarios. Finalmente fue aprobada por unanimidad una Proposición no de ley a iniciativa de IU en la que “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, dentro de sus competencias, en colaboración con el Ministerio de Justicia y los ayuntamientos y a través de la participación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en los diversos Consorcios Metropolitanos de Transporte de Andalucía, proceda a analizar y mejorar las líneas de transporte público existentes entre los diversos centros penitenciarios andaluces y sus áreas urbanas de influencia más cercanas con el fin de facilitar el contacto entre las personas internas en los mismos y sus familiares, según el régimen de visitas existente”.
Es un éxito del trabajo de los familiares de los presos que sus problemas sean conocidos por nuestros gobernantes, ya que difícilmente tienen voz. Habrá que seguir luchando hasta conseguir esta reivindicación tan justa y que los políticos cumplan sus compromisos.
Los familiares no desistirán en su intento por transformar sus situaciones claramente injustas, y por eso, el próximo 29 de junio, en la Asamblea Regional de Familiares y Amigos de Personas Presas que tendrá lugar en la localidad onubense de Mazagón, se reunirán para ver cómo siguen avanzando en la reivindicación de este tema del transporte a prisión y de otros que suponen claramente la conculcación de sus derechos.
