El TC admite a trámite el recurso de amparo respecto a la detención de 250 personas inmigrantes el pasado agosto en Tarifa

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el Recurso de Amparo, promovido por Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA, respecto de la posible detención ilegal de unas 250 personas inmigrantes que llegaron en pateras a las costas de Tarifa (Cádiz) en agosto del pasado 2014, y que permanecieron bajo custodia de la Guardia Civil en dicho municipio, sin pasar a disposición judicial pese a haberse superado el límite legal de 72 horas. Esta circunstancia suscitó una honda preocupación en instituciones del ámbito jurídico como el Consejo General de la Abogacía Española, y mereció en su día la atención de los medios de comunicación.

En aquel entonces, las entidades recurrentes solicitaron al Juzgado de Instrucción nº 2 de Algeciras que abriera un procedimiento de Habeas Corpus por posible detención ilegal de estas personas, siendo esta solicitud denegada.

El Recurso de Amparo pretende aclarar cuál ha de ser la forma de actuación del Gobierno español ante las llegadas “masivas” de personas inmigrantes, para lo cual el TC deberá examinar si el Auto del Juzgado de Algeciras pudo suponer la vulneración de los artículos 17.4 (inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente), 17.2 (detención preventiva por el tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, puesta en libertad o paso a disposición de la autoridad judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas), artículo 17.3 (derecho a ser informado de forma inmediata y de modo comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, con garantía de asistencia de abogado) y art. 24.1 (tutela judicial efectiva), todos ellos de la Constitución española.

El Tribunal Constitucional justifica la admisión a trámite del recurso basándose en que plantea una cuestión jurídica de repercusión social relevante y general, así como en la necesidad de fiscalizar que el juzgado de Algeciras haya respetado la doctrina constitucional.

Andalucía, 23 de abril de 2015

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