Ante la futura concreción del Pacto de Estado contra la violencia de género, desde la Plataforma Unitaria por los derechos en el Trabajo Sexual (PUTS) continuamos reclamando que se atienda a nuestra postura y recomendaciones acerca de nuestro trabajo. Insistimos en la ineficacia de denominar cualquier situación de discriminación hacia las mujeres bajo el rótulo de ‘violencia de género’, no solo por poco rigurosa, sino también porque invisibiliza y merma los esfuerzos por atender a las víctimas reales de la violencia machista. De igual forma, reiteramos la necesidad de no privilegiar los instrumentos penales como únicas medidas para alcanzar la justicia social y la igualdad y en los riesgos de una filosofía que entiende que el núcleo de la violencia machista surge de una suerte de ‘impulso masculino de dominio’, sin problematizar el resto de estructuras.
Respecto a la trata de personas con fines de prostitución forzada, nos parece inoperante saturar los juzgados de violencia de género con casos de trata cuando esta grave situación debería contemplarse desde una ley específica a fin de garantizar la eficacia en la persecución del delito. Aun cuando esta manifestación de la violencia de género ya figura en el Código Penal y está contemplada en dos protocolos y un plan, resulta urgente centrarnos, más que en debatir dónde debería figurar, en denunciar sus insuficiencias y solucionarlas. Así, exigimos que se garantice la protección y la recuperación integral de las víctimas, atendiendo a cada circunstancia concreta, desde una perspectiva de derechos humanos, lo cual comienza con que dicha protección quede garantizada independientemente de la colaboración de la víctima con la justicia y de la pertinencia de su testimonio para la investigación policial en curso. Igualmente, exigimos indicadores válidos y que se extienda al resto de sectores donde también existe, así como a todos los géneros; el reconocimiento formal de los agentes sociales implicados y la puesta en práctica de indemnizaciones económicas para las víctimas por el daño sufrido. Continuar debatiendo y gastando dinero público en la concienciación social cuando faltan recursos habitacionales para las víctimas y a muchas de ellas se las trata como inmigrantes irregulares que acaban confinadas en Cíes, nos parece un despropósito.
La prostitución por decisión propia no es violencia de género ni asimilable a la trata: es trabajo; y, por ello, exigimos el reconocimiento de esta actividad y de los derechos laborales, sociales, civiles y humanos que le corresponden. La cobardía política de mantenerlo en la alegalidad colabora con las violaciones de derechos humanos, la explotación laboral, el acoso y los abusos por parte de la policía y la impunidad frente a las agresiones que sufren las trabajadoras del sexo en nuestro país. Denominar este trabajo como ‘violencia de género’ cuando las prostitutas sufren violencia institucional a través de las multas de la Ley de Seguridad Ciudadana y ordenanzas Municipales contra la prostitución, es un ejercicio de cinismo. Impedirles trabajar, publicitarse, alquilar locales, aumentar su precariedad multando a la clientela, contratar a personal de seguridad y participar de un discurso que refuerza la estigmatización que les expone a mayor riesgo de sufrir agresiones, sí es violencia: institucional, simbólica y económica.
Por todo ello, exigimos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la negociación de los espacios públicos para garantizar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales que captan su clientela en la calle. Pedimos al Estado que las migrantes puedan regularizar su situación, así como alternativas laborales debidamente remuneradas y no feminizadas para aquellas personas que quieran abandonar el ejercicio. Además, exigimos la regulación de las relaciones laborales, bien como trabajadoras autónomas o como trabajadoras por cuenta ajena, a fin de acabar con la explotación laboral en el sector, priorizando los derechos laborales de las trabajadoras como la libertad para elegir servicios y clientela, entre otros. Por último, reclamamos que se contabilicen las agresiones y la violencia de género que puedan sufrir, por ser mujeres y no por ser prostitutas, así como medidas de protección en estos casos. La mayor parte de las violencias que sufren las trabajadoras sexuales en nuestro país no existiría si, desde el ámbito institucional, se pusieran los medios legales para acabar con la clandestinidad y criminalización que impera en el ámbito del trabajo sexual.
Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo- AFEMTRAS. Madrid.
Ambit Prevenciò/ Ambit Dona. Catalunya.
Asociación Arrats. Euskadi
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía- APDHA.
Asociación de Profesionales del Sexo- APROSEX. Catalunya.
Associaciò en defensa dels derets de les dones- Genera. Catalunya.
Colectivo Caye. Asturias.
Colectivo Hetaira. Comunidad de Madrid.
Col.lectiu Lambda. Comunidad Valenciana.
Colectivo de Lesbianas, Gays, Trasexuales y Bisexuales de Madrid- COGAM.
Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo- CATS. Región de Murcia.
El Lloc de la Dona. Catalunya.
Prostitutas Indignadas. Barcelona.
