Foto: Kantabon en Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
El 1 de febrero, un golpe militar desató una situación dramática en Birmania. La decidida resistencia de la población se materializa en protestas cotidianas, masivas y pacíficas, un movimiento de desobediencia civil y un bloqueo de la vida pública y económica. Esta resistencia está siendo reprimida violentamente por la Junta en el poder. Desde el golpe, la represión se ha cobrado varios cientos de vidas, incluidas 114 solo el 27 de marzo (incluidos 4 niños), mientras el ejército desfilaba con motivo de una «fiesta nacional».
Un primer golpe en 1962 llevó al poder al general Ne Win, en el que permaneció durante 26 años. Desde entonces, todo intento de democratización ha sido impedido por una institución militar omnipresente en la sociedad y la administración. En 2017, Aung San Suu Kyi, quien se convirtió en un símbolo tras la prolongada represión que sufrió, pensó que podía compartir el poder con los militares. Pero la masiva victoria de su partido en 2020 no fue aceptada por los generales, que asumieron el mando directamente el 1 de febrero.
El movimiento de resistencia exige el retorno al poder civil basado en elecciones, pero también avanza en la demanda de una nueva democracia federal. De hecho, la población birmana está formada por muchos grupos étnicos a los que las potencias intervencionistas han enfrentado entre sí. La represión actual ha bombardeado áreas pobladas por los Karen, que consiguieron un frágil alto el fuego desde 2012, después de largos años de guerra. En cuanto a los Rohingyas, privados de su nacionalidad desde 1982, están siendo víctimas de un verdadero proceso genocida continuado por todos los sucesivos gobiernos.
El 10 de marzo, el Consejo de Seguridad condenó unánimemente la violencia, pero la oposición de Rusia y China (que son los principales vendedores de armas a Birmania en este momento) ha impedido cualquier iniciativa concreta de la ONU, como por desgracia es habitual. Sin embargo, el embajador de Birmania ante la ONU, opuesto al golpe, ha pedido el aislamiento financiero total de la Junta Militar.
Pero no es sólo los países vendedores de armas, diversas empresas, como la francesa Total, han sido acusadas de financiar a la Junta, y es un actor importante en la explotación petrolera en Birmania.
La APDHA sigue esta situación con angustia y quieren expresar su solidaridad con el pueblo birmano, al tiempo que exige que las organizaciones internacionales, la comunidad internacional y la UE reaccionen con urgencia para apoyar el pueblo birmano y acabar con esta masacre.
