Entra en vigor la sentencia que garantiza derechos a los ciudadanos comunitarios y sus familias

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la sentencia que reconoce derechos de los ciudadanos comunitarios y sus familias, gracias al recurso que presentaron Andalucía Acoge y la APDHA (Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía) ante el Tribunal Supremo contra el Reglamento de Comunitarios, por entender que el texto vulneraba derechos y generaba discriminaciones importantes para estas personas.

A partir de ahora, los ascendientes de los ciudadanos comunitarios podrán obtener el permiso de residencia sin tener que desplazarse al país de origen. El reglamento discriminaba a los españoles con respecto a los ciudadanos de la Unión Europea pues mientras un ciudadano francés que residía en España podía reagrupar a sus padres, un ciudadano español con padres extranjeros tenía más dificultades para hacerlo.

Otro de los logros de esta sentencia es que desde hoy las parejas de hecho de los ciudadanos comunitarios podrán obtener la residencia, ya que se otorga validez a los registros de parejas de hecho autonómicos, algo que anteriormente no se reconocía. Por otro lado, se garantiza el mantenimiento de la residencia en caso de separación legal, siendo antes automática la pérdida de la misma; así como el derecho a mantener el régimen comunitario a las personas que enviuden. Asimismo, se reconoce además el derecho a trabajar de los reagrupados mayores de 21 años.

Los argumentos presentados en el recurso apuntaban a una trasposición incorrecta y más restrictiva de la Directiva Europea en muchos de los aspectos formulados, lo que generaba una discriminación entre ciudadanos españoles, de primera y segunda categoría, según hubieran nacido o no en territorio español.

En este sentido Andalucía Acoge y APDH-A, reclaman al Ministerio de Trabajo e Inmigración que aplique las instrucciones oportunas para que la ciudadanía pueda reclamar estos derechos de inmediato. Para estas organizaciones la sentencia del Tribunal Supremo representa un hito en el reconocimiento de los derechos de ciudadanía de estas personas, lo que supone un paso más en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

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