La Delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA manifiesta su preocupación por el nuevo fallecimiento de un preso en el Centro Penitenciario de Córdoba. En la mañana de hoy se ha encontrado el cuerpo sin vida de un preso del Módulo 13, al parecer por sobredosis (dato pendiente de confirmación oficial).
No es una muerte aislada, venimos reiterando constantemente estas denuncias. Así desde el año 2000 al 2008 han muerto 1.575 personas en el interior de las prisiones del estado español. Según los últimos datos oficiales en 2006 y 2008 fallecieron cada año 10 personas en el Centro Penitenciario de Córdoba y 7 en 2007. Desde entonces no existen datos oficiales que desvelen esta realidad, por lo que es imposible determinar el incremento de dichas cifras. Ocupó en dichos años el quinto en 2006 y 2008 y séptimo lugar en 2007 en mayor número de muertes de los 74 centros penitenciarios. Debería informar el Centro Penitenciario de los motivos de esta tasa de mortalidad tan elevada en relación al resto de centros.
Más de la mitad del total de fallecimientos lo son por causas no naturales. Cada uno de estos fallecidos es una muestra más del fracaso del sistema penitenciario para reinsertar. Demuestra que ni tan siquiera sirve para cumplir con la finalidad de custodiar a las personas privadas de libertad, permitiendo, entre otras, muertes por sobredosis.
Podemos hablar en consecuencia del fracaso de ese deber elemental de velar por la integridad de las personas sometidas a custodia, atribuible exclusiva, directa e inmediatamente a un deficiente funcionamiento del servicio público penitenciario, que no ha sido capaz de evitar la posesión de sustancias psicotrópicas. La organización interna de los recintos penitenciarios, según el art. 8 del Reglamento Penitenciario, debe disponer de «un sistema de vigilancia y seguridad que garantice la custodia de los internos», así como «una ordenación de la convivencia (…) basada en el respeto de los derechos y la exigencia de los deberes de cada persona».
De confirmarse los hechos denunciados, la Administración habría incumplido sus obligaciones y deberes ya que no impidió la entrada de sustancias estupefacientes, entrada que desgraciadamente el año pasado fue atribuida a dos funcionarios de prisiones, que fueron detenidos por introducir y traficar con drogas.
Es sobradamente conocido que dentro de las prisiones la droga “corre” casi como en la calle. Si tenemos en cuenta que entre el 60 u 80% de los presos son drogodependientes el que puedan acceder con facilidad a ellas dentro de prisión es muy grave.
Seguimos denunciando la incapacidad de la cárcel como Institución para resolver los conflictos que son causa de los delitos, de lo cual habla el alto índice de personas con problemas de drogodependencias que ingresa en prisión y que sigue consumiendo dentro. Por todo ello, se hace imprescindible poner el acento en potenciar el tratamiento de las personas drogodependientes fuera de los centros penitenciarios.
Córdoba, 07 de junio de 2012
