El Defensor del Pueblo ha remitido a estas organizaciones el informe del Ministerio Fiscal, en el que se compromete a iniciar varias investigaciones, reforzando la cooperación entre las administraciones competentes, la protección de las víctimas, y las actuaciones para perseguir de los mensajes de odio en las redes sociales.
03/06/2020
Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elín, Irídia, Red Acoge, Federación SOS Racismo emitieron la quejaen noviembre de 2019, denunciando los hechos ante la Fiscalía. Estas organizaciones pidieron que se investigaran si varios videos elaborados y difundidos con motivo de la última campaña electoral por el partido político Vox en sus páginas y redes oficiales pudieran incurrir en un delito de odio contra menores migrantes no acompañados que salían en esas publicaciones.
Ahora, en su informe remitido al Defensor del Pueblo, la Fiscalía manifiesta la dificultad a la hora de perseguir estos delitos, debido al cierre de las webs donde se hacían las declaraciones de incitaban al odio, pero entendiendo que persiste la situación de riesgo y que se requiere la colaboración de todas las administraciones competentes para garantizar la seguridad de estos menores, se compromete a impulsar varias medidas.
Entre ellas, destaca la investigación para conocer si se están utilizando adecuadamente los instrumentos institucionales y de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas para comprobar, entre otras cuestiones, si se están aplicando el ‘Plan de Acción de Lucha contra los Delitos e Incidentes de Odio’. También se establecerán contactos con la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer qué actuaciones lleva a cabo la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y los datos recabados en relación a los mismos contra menores extranjeros no acompañados específicamente. Asimismo, solicitarán informe sobre la persecución de los mensajes de odio divulgados en redes sociales.
Por último, la Fiscalía iniciará una investigación con la Secretaría de Estado de Igualdad y Violencia de Género para conocer qué políticas públicas se están desarrollando en este ámbito: planes de sensibilización y prevención de las conductas de odio hacía este colectivo, y qué medidas de protección ha adoptado para estos menores.