APDHA apoya este comunicado las organizaciones francesas ACAT-Francia, ANAFE, Abogados para la defensa de los derechos de los extranjeros (ADDE), COMEDE, Derechos de urgencia, FASTI, Genepi, GISTI, La Cimade, Le Paria, Ligue des droits de l’homme, MRAP, Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, Syndicat de la magistrature (SM), Syndicat des avocats de France (SAF).
París, 3 de agosto de 2021
La revuelta que ha estallado en los últimos días en el Centro de Detención Administrativa (CDA) de Mesnil Amelot pone de manifiesto una vez más las desastrosas condiciones en las que se encierra a los extranjeros, acusados únicamente de carecer de documentos de residencia, en estos lugares de privación de libertad. Condiciones que han empeorado con la crisis sanitaria, especialmente desde el otoño de 2020. La única respuesta a la legítima revuelta de este pueblo ha sido la represión violenta de la policía.
Las tensiones se han agravado aún más por el hecho de que la administración está obligando a las personas en espera de ser deportadas a someterse a una prueba de PCR para que puedan ser deportadas a países que exigen una prueba negativa para entrar. Los que se niegan son detenidos al final del periodo de detención y a menudo condenados a largas penas de prisión por impedir su propia deportación. Después de cumplir su condena, son enviados de nuevo al CDA y para muchos de ellos comienza un círculo vicioso de CDA/prisión/CDA/…. Sin embargo, estas sentencias son contrarias a la ley.
En efecto, como señalaron en septiembre de 2020 las asociaciones reunidas en el Observatorio del Confinamiento de los Extranjeros (OCE), «negarse a someterse a las pruebas no entra en la definición de la infracción descrita y sancionada por el Código de la Entrada y la Estancia de los Extranjeros» y el Código Civil y el Código de la Salud Pública prohíben «que un procedimiento médico, a fortiori invasivo como es el caso de las pruebas Covid, se realice sin el consentimiento de la persona«.
El controlador de lugares de privación de libertad acaba de recordar que «la integridad del cuerpo humano sólo puede ser violada en casos de necesidad médica. Cualquier persona, independientemente de su situación, puede oponerse libremente a un procedimiento médico. El ejercicio de una libertad fundamental no puede ser calificado como delito, ni puede ser objeto de persecución y encarcelamiento.
Sin embargo, los detenidos no tienen realmente una alternativa, ya que tienen que elegir entre dos riesgos igualmente insoportables: ser procesados si se niegan a la prueba o ser deportados si la aceptan.
Es más, el Gobierno acaba de aprobar a toda prisa una enmienda al proyecto de ley de gestión de crisis sanitarias que pretende eludir las decisiones de varios tribunales que, basándose en estos principios, se han negado a condenar a personas por negarse a la prueba. Si no es censurada por el Consejo Constitucional, esta disposición completará el artículo 824-9 del Código de la Entrada y la Estancia de los Extranjeros al permitir condenar a tres años de prisión a cualquier extranjero que se niegue «a someterse a las obligaciones sanitarias necesarias para la ejecución automática de la medida a la que esté sometido».
Las asociaciones reunidas en la OCE denuncian esta maniobra, cuyas consecuencias sólo pueden aumentar la tensión que reina en los CDA. Exigen el cierre de todos los lugares de detención administrativa de extranjeros.
Organizaciones miembros de la OCE :
ACAT-Francia, ANAFE, Abogados para la defensa de los derechos de los extranjeros (ADDE), COMEDE, Derechos de urgencia, FASTI, Genepi, GISTI, La Cimade, Le Paria, Ligue des droits de l’homme, MRAP, Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, Syndicat de la magistrature (SM), Syndicat des avocats de France (SAF)
