Más de 20.000 personas han muerto en los últimos cuatro años fruto de las políticas de cierre de fronteras de la UE
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Fuente imagen: abriendofronteras.net
Con esta declaración la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) quiere mostrar su rechazo a la concesión del premio Princesa de Asturias de la Concordia a la UE.
La actual política migratoria de la Unión Europea hace que sea absolutamente inaceptable la concesión, por parte de la fundación Princesa de Asturias, del premio a la Concordia 2017 a la Unión Europea.
La concesión de este premio se fundamenta y/o justifica, cuando se cumplen sesenta años de la firma del Tratado de Roma, porque “la Unión Europea ha logrado el más largo período de paz de la Europa moderna, colaborando a la implantación y difusión en el mundo de valores como la libertad, los derechos humanos, y la solidaridad; estos valores de la Unión Europea proyectan esperanza hacia el futuro, en tiempos de incertidumbre, proponiendo un ejemplo de progreso y de bienestar”[1].
Sin embargo, en la Europa de hoy, todos estos preceptos y valores se han olvidado y no se respetan ni siquiera los derechos humanos más elementales.
La UE permite a sus estados miembros políticas que, lejos de inspirarse en los valores como la libertad, los derechos humanos, y la solidaridad se alejan cada vez más de ellos. Como por ejemplo:
- Acuerdo de Dublín III (2013) donde se limita la libertad y accesibilidad del proceso de demanda de asilo al obligar a realizarlo en el primer país de paso y no en atención al proyecto migratorio.
- Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África, acordado por los ministros de cooperación de los estados miembros (2015) donde se ofrece ayuda al desarrollo a algunos países africanos a cambio de que cooperen en materia de seguridad. Esta decisión demuestra la voluntad de los países de la UE de que la cooperación sirve para frenar los flujos migratorios y la seguridad en lugar de luchar contra la pobreza y la desigualdad en la zona, que es por lo que nació.
- Programa de reubicaciones y reasentamientos puesto en marcha en 2015 como respuesta al clamor de la ciudadanía ante los aproximadamente 4 millones de desplazados y paupérrimo desde el principio (aplicable a sólo 120.000) en el que se permitía la discriminación por nacionalidad. Además de cambiar las reglas del mismo a partir del Acuerdo entre los Estados miembros y Turquía (marzo 2016) por el que ellos han externalizado su responsabilidad en materia de asilo a cambio de 6.000 millones de €. Y como su incumplimiento no tenía previsto sanciones hemos contemplado este último septiembre su absoluto fracaso.
- Legalización de los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Una de las constantes reivindicaciones de movimientos, asociaciones y, en buena medida, de la sociedad civil acerca de los instrumentos de las políticas de inmigración y asilo, es la supresión de los CIE. La razón es muy sencilla: en un Estado de derecho, nadie debe ser privado de libertad si no es como consecuencia de una decisión judicial que considere probado que se ha cometido un lícito penal. Pues bien, los CIE suponen la utilización de la privación de libertad como medida cautelar adoptada en un procedimiento administrativo sancionador, ante la comisión de una infracción administrativa, la irregularidad, la ausencia de papeles.
- Se permite la instalación de concertinas en la fronteras, con un propósito disuasorio, pero cuyo único efecto es el de herir y lesionar gravemente a las personas migrantes.
En el texto de la trayectoria que acredita esta candidatura se puede leer : “En los últimos tiempos, la UE ha fomentado una relación más integradora y constructiva con vecinos como Turquía, Oriente Próximo o el norte de África” [2] pero lo antes expuesto demuestra que la política sistemática de rechazo y expulsión – que utiliza abundantes medios técnicos, humanos, grandes cantidades de dinero- y la política de externalización de fronteras – dilatándolas desde las costas andaluzas hasta el Sahel, comprando y utilizando a otros gobiernos para el trabajo de rechazo y represión – para nada es constructiva ni integradora. La negación constante de vías de acceso seguras a Europa ha producido sufrimiento y muerte.
Solo la ignorancia o la hipocresía podrían justificar la concesión de este premio a la Unión Europea, que degrada moralmente tanto a quien lo recibe como a quien lo otorga.
La dignidad de las personas que proclaman los principios fundacionales de la Unión ha desaparecido; Europa hoy es un fraude a los Derechos Humanos y no merece ningún reconocimiento que tenga algo que ver con su respeto.
En consecuencia, desde la APDHA, pedimos a la fundación Princesa de Asturias, la retirada del premio a la Concordia 2017 a la Unión Europea.
NOTAS
[1] http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2017-union-europea.html?texto=acta&especifica=0
[2] http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2017-union-europea.html?texto=trayectoria&especifica=0)
