Publicado en Málaga Acoge
Artículo publicado en la sección “Otras voces” .
por Carlos Arce, coordinador Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
Decir que el año 2016 ha sido un mal año para los Derechos Humanos en la Frontera Sur española desgraciadamente no representa una novedad. Las repetidas vulneraciones de la dignidad humana de las personas migrantes que tratan de alcanzar territorio europeo a través de las costas andaluzas, los enclaves de Ceuta y Melilla o el archipiélago canario se ha convertido en una insoportable trayectoria consolidada.
A pesar de lo anterior, sí que podemos destacar que en los últimos 12 meses se ha confirmado de forma especialmente contundente una realidad que las organizaciones de Derechos Humanos llevamos denunciando mucho tiempo: que hay una conexión directa entre el enfoque puramente de seguridad en las fronteras y en la gestión de los flujos migratorios con las violaciones de los Derechos Humanos señaladas. Es decir, que el incremento de la represión policial o la consolidación de las políticas europeas de externalización de fronteras no han conseguido sus teóricos objetivos oficiales (luchar contra el tráfico de personas y fomentar las migraciones por vías regulares) y sí incrementar dramáticamente el sufrimiento humano.
Así, durante 2016, a pesar de haberse producido un muy acusado descenso de las migraciones por vía irregular en suelo europeo respecto de 2015 (de casi dos tercios), el número de personas fallecidas en las fronteras de la UE pasó de 3784 a 5098 (datos de la Organización Internacional de las Migraciones -OIM-). Estas mismas circunstancias se reproducen en el Sur de España: las entradas irregulares se redujeron sensiblemente en 2016 (se situaron en 14128, mientras en 2015 fueron 16936), pero los fallecimientos se dispararon de 195 (2015) a 295 (2017). La explicación de esta paradoja reside en que el incremento exponencial de las herramientas políticas, jurídicas y policiales de represión en esta materia provocan, por una parte, un mayor violación de Derechos Humanos “directa” a través de estos instrumentos, y por otra, se empuja a los flujos migratorios a rutas cada vez más peligrosas, donde el respeto a la dignidad humana brilla totalmente por su ausencia.
Un ejemplo paradigmático de lo anterior es la estrategia de “externalización” de fronteras llevada a cabo por la Unión Europea y sus Estados miembro, consistente en la implicación de terceros países de origen y tránsito de las personas migrantes en el control de los flujos migratorios, países que no destacan precisamente por sus sistemas de protección de derechos fundamentales. En este ámbito la “colaboración” entre España y Marruecos en la “gestión” de su frontera común ha sido pionera y actualmente puesta como modelo a seguir por la UE a los gobiernos nacionales europeos. En la senda marcada por el Estado español en su Frontera Sur se puede situar el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía para frenar las entradas de personas refugiadas principalmente sirias a través de Grecia.
Con el citado acuerdo, y con el intento de dar cobertura legal a las devoluciones en caliente llevado a cabo por el Estado español, consideramos que se ha dado una “vuelta de tuerca represiva” muy preocupante en las políticas de fronteras y migratorias europeas. Hacemos esa afirmación porque, a pesar de que la literalidad de ambos instrumentos político-jurídicos representa en sí misma una grave agresión a principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en realidad no ha sido su aplicación formal la que ha determinado el descenso de las llegadas irregulares en las fronteras greco-turca e hispano-marroquí. Constituyen meros parapetos tras los cuales se les ha dado carta blanca a Marruecos y Turquía para que apliquen métodos totalmente incompatibles con el Estado de Derecho para contener a las personas migrantes que quieren acceder a suelo europeo, a cambio de ciertas compensaciones económicas y políticas. Es inaceptable usar tratados internacionales o normas jurídicas nacionales como meras “cortinas de humo” que tratan de ocultar ese tipo de prácticas.
Por lo expuesto, tan solo podemos reiterar desde la sociedad civil que habilitar vías razonables de acceso legales y seguras a territorio europeo en general y español en particular es la única opción para una gestión de las fronteras y las migraciones respetuosa con los Derechos Humanos. Consideramos igualmente que es el medio más eficaz para la lucha contra la trata de las personas y que son totalmente infundadas las voces alarmistas respecto a que ello supondría un supuesto “efecto llamada” que generaría unos movimientos migratorios masivos incontrolados. Desgraciadamente, el devenir de los acontecimientos en estos primeros meses de 2017 apunta más a una reiteración en esas políticas vulneradoras de Derechos Humanos que al tan necesario y ansiado cambio de rumbo en la Frontera Sur.
