APDHA muestra su sorpresa ante la ausencia de alternativas de AVRA

El Defensor del Pueblo Andaluz requirió en julio a AVRA información sobre el caso, pero no ha recibido contestación

 

Granada, 20 de octubre de 2017.- La delegación de Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía muestra su sorpresa ante la negativa a buscar alternativas por parte de la Consejería de Fomento y la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), tras las reiteradas demandas de una vivienda digna y segura por parte una mujer víctima de violencia de género y su hijo discapacitado y amenazado y agredido por ser homosexual.

La solicitud de permuta se fundamenta en que la vivienda actual, adjudicada por AVRA, se encuentra a tan solo 100 metros de la anterior y que, tras el traslado, las amenazas continúan, el hijo ha sido agredido (su atacante ha sido condenado por lesiones) y su discapacidad ha aumentado dado lo hostil del entorno.

La organización lamenta profundamente la insensibilidad y dejación de funciones de la Consejería de Fomento y se muestra “perpleja” ante el argumento que aduce de que existen situaciones “más perentorias” que atender.

La delegación de Granada de la APDHA considera que “es difícil de imaginar que exista necesidad más urgente que la salvaguarda de la integridad física ante las amenazas de muerte recibidas por una madre y su hijo en situación de extrema vulnerabilidad”.

De hecho, ya en 2014, el entonces delegado de vivienda de la Junta, Manuel Morales, denunció judicialmente casos de coacciones y amenazas en viviendas de titularidad pública y reconoció la situación de desprotección y violencia que se vive en partes del barrio, como en la que habita esta familia. Estas situaciones continúan, y los afectados tienen miedo a denunciar. Además, las denuncias, como muestran este caso, no son respondidas por la administración, dando lugar a una situación de impunidad e indefensión.

La indiferencia de AVRA ante la situación descrita es de tal calibre, que la agencia no solo no ha dado una alternativa digna y segura a las decenas de reclamaciones de la demandante, sino que ni siquiera ha respondido a la petición de información que le realizó el Defensor del Pueblo Andaluz el pasado mes de julio.

Ante el razonamiento de la Consejería de Fomento y Vivienda de que no es posible la permuta, puesto que esta alteraría el orden de preferencia establecido, la APDHA considera que no es tal, dado que en ese caso, la familia amenazada optaría a una vivienda en un lugar seguro, mientras que una nueva familia adjudicataria accedería a la vivienda que en estos momentos habitan madre e hijo.

Al entender que no existe dicha alteración de la lista, la asociación entiende que se trata más bien de una falta de voluntad política ante un caso gravísimo.

Además, se da la circunstancia de que la vivienda no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, tal como quedaron descritas en la instancia y fotografías presentadas por la familia a AVRA el 20 de septiembre del año pasado, así como en un informe independiente sobre la instalación eléctrica. APDHA considera que la AVRA debería reconsiderar las asignaciones de viviendas “en precario”.

La realidad se hace del todo insostenible para la familia, tal como describe en el escrito presentado al Defensor del Pueblo Andaluz: “Estamos aterrorizados permanentemente. La discapacidad de mi hijo se ve enormemente afectada por el contexto descrito. Además, quiero recordar que tengo concedido el estatus de víctima de violencia de género, pese a lo cual AVRA me obliga a vivir al lado de los [que nos amenazan]. Y mi hijo también se ve obligado por la concesión de esta vivienda, y no otra, a vivir junto a la persona condenada por agredirlo“.

La mujer, que teme por las vidas de ambos, relata el infierno que está viviendo, que se asemeja a la tortura que padecía cuando fue maltratada y a la tortura de su hijo, condenado por el lugar en el que reside a no poder salir del agujero en el que se encuentra atrapado.

Por todo ello, la APDHA pide a la Consejería de Fomento y Vivienda que conceda la permuta de la vivienda sobradamente contrastada, y cumpla con su obligación de proteger los derechos fundamentales y el derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión y, en particular, de los colectivos objeto de especial protección.