«Se agradece que la Abogacía del Estado nos ilustre y aleccione sobre cómo debemos interpretar las cosas y no olvidemos que ‘Hacienda somos todos’ era, solamente, publicidad»
Pablo María Fernández, coordinador del área de Marginación de la APDHA
La crisis-estafa que llevamos padeciendo estos últimos años está sirviendo, entre otras cosas, para dejar al descubierto el sistema estructuralmente injusto que nos rodea. Se suponía que vivíamos, como declara la Constitución española, en un Estado social y democrático de Derecho que, por encima de todo, busca la libertad, la justicia y la igualdad para todas las personas. Hemos podido comprobar que del dicho al hecho había un gran trecho.
Los derechos humanos son sistemáticamente violados por las distintas administraciones del Estado que, lejos de enrojecerse, sacan pecho y han sido capaces de legislar – basta recordar la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal (Ley Mordaza) que entró en vigor el pasado 1 de julio- en diferentes ámbitos, para dar cobertura legal a lo que eran flagrantes vulneraciones de derechos humanos como las «devoluciones en caliente» y para sancionar lo que hasta ese momento era posible y que estaba reconocido como derechos básicos, por ejemplo, los casos de ocupaciones de oficinas bancarias, parar desahucios, manifestaciones y concentraciones espontáneas, etc.
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