Foto: APDHA Huelva
Huelva, 24 de abril de 2019.- La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), tras el último incendio del pasado sábado en Palos de la Frontera, exige que se tomen medidas con carácter urgente que faciliten el acceso a un alojamiento digno a las personas que habitan en los asentamientos chabolistas ubicados en numerosos municipios de la provincia de Huelva.
Desde APDHA Huelva señalamos que la dificultad para acceder a la regularización de su situación administrativa en España, los cuantiosos obstáculos con los que se encuentran para acceder a un empleo, la escasez de viviendas que existe en algunos municipios, la reticencia de las personas propietarias a alquilar una vivienda a migrantes y/o el elevado precio de los alquileres, son tan sólo algunas de las causas con las que se encuentran las personas migrantes que ven obligadas a vivir en chabolas. Por tanto, es un deber de las Administraciones Públicas velar por la seguridad de todas las personas, ya que de sobra conocemos las condiciones de inseguridad y de insalubridad en las que se vive en estos asentamientos.
El ejemplo más claro de inseguridad lo tenemos en la asiduidad con la que se producen los incendios en los diferentes asentamientos, como el que tuvo lugar a comienzos de este años en Lepe o el del sábado en Palos de la Frontera. Sin duda, el resultado de sufrir un incendio puede llegar a ser gravísimo para cualquier persona y situación pero, las consecuencias se acrecentan y se agravan en el caso de las personas que habitan en los asentamientos, debido a las pésimas condiciones en las que viven.
Desde la APDHA consideramos que es de vital importancia que se arbitren medidas de fondo, para la erradicación del chabolismo y que se presten, soluciones efectivas y duraderas y no medidas superficiales que palien la situación de manera transitoria.
Volvemos a reclamar derechos para las personas que trabajan, cotizan, ofrecen su esfuerzo y forman parte del entramado productivo agrícola de nuestra provincia y lo hacen mediante medidas claves como:
- La implicación real de todas las Administraciones (locales, provinciales, regionales y nacionales) buscando soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales.
- Que los espacios de participación, como el Foro provincial de la inmigración, con competencias en estas materias intervengan eficazmente, con actuaciones concretas, dotadas de presupuesto y evaluadas en su ejecución, como así existe en otras provincias andaluzas.
- La creación de un plan multidisciplinar que afronte esta grave situación desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta todas las dificultades a las que esta población tiene que hacer frente (acceso al trabajo, vivienda, sanidad, inserción social, situación documental irregular, etc). Las Administraciones serán las responsables de la puesta en marcha de este plan, diseñado y apoyado desde el Foro provincial de la inmigración. En este plan se incluirá la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los/as trabajadores/as temporeros/as no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos.
- Reforzar y establecer cauces sencillos para garantizar que estas personas puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria (física y mental), derecho a la inserción laboral activa y real, derecho a un alojamiento digno y derecho a disfrutar de un servicio de orientación jurídico-legal.
- Garantizar el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en las que viven, tal y como establece la Ley. No poder empadronarse dificulta el ejercicio de muchos otros derechos.
- Crear un programa de integración con la población local que incida en la sensibilización y concienciación social. Sólo así se podrá evitar la exclusión y criminalización de la población inmigrante y los peligrosos conatos de racismo que se están produciendo. Y también con la población asentada, sensibilizando, mediando, trabajando con ellos otras opciones de vida fuera de la chabola.
