Por quinto año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, de la que forma parte la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, presenta un informe sobre la situación de la tortura en el Estado español. En este nuevo estudio se han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español.
En el presente informe presentamos las denuncias que entran dentro de la siguiente definición de la Convención de la ONU:
«Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento».
(Convención de las ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987).
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