La APDHA reclama a la Junta de Andalucía que no siga eliminando líneas de infantil de los centros públicos

  • La entidad considera que esta práctica sucede a costa de la prórroga de subvenciones a la concertada.
  • Para la APDHA, la Administración debe fortalecer los recursos que garanticen una Escuela Pública de calidad, gratuita y al servicio de todo el alumnado de su zona de influencia.

aula-infantilAndalucía, 19 de febrero de 2017.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) expresa su desacuerdo ante el anuncio de la Junta de Andalucía, a través de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, del posible cierre de aulas de infantil en colegios públicos que no alcancen al menos la cifra 25 niños y niñas matriculados, decisión que será tomada en los próximos días.

La APDHA considera que, “en la práctica, esta decisión se traduce en el trasvase de alumnado hacia la escuela privada y concertada”. Aunque esta medida ya había sido tomada con anterioridad en determinados centros educativos de Andalucía, ahora se anuncia con carácter general.

“Al mismo tiempo – apuntan desde el área de educación de la entidad – tenemos conocimiento de que de forma inminente toca decidir si se prorrogan las subvenciones públicas a los 598 colegios privados concertados que hay en Andalucía”. La APDHA no comparte que se sigan subvencionando con dinero público escuelas privadas concertadas a costa del cierre de aulas en los colegios públicos más próximos.

Asimismo, la asociación señala que el papel de la Administración Educativa no debe ser potenciar las inversiones hacia la ampliación y mantenimiento de conciertos con los centros de titularidad privada, “que en su sentido original venían a responder, de manera auxiliar, a la demanda de plazas que no podían ser cubiertas a través de la oferta pública”. De esta manera, subraya que “la institución educativa debería analizar cuáles son los motivos que hacen que muchas familias prefieran la privada subvencionada, para así poder responder y atender a los mismos”.

La renovación de conciertos mientras se cierran unidades de la enseñanza pública supone de hecho una privatización encubierta, aunque no se quiera reconocer”, concluye.

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