La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz viene denunciando desde hace meses la gravedad de la situación de la vivienda en nuestra ciudad. La no construcción de viviendas en alquiler para atender la demanda inscrita en el registro municipal de demandantes de viviendas, la paralización de los programas de rehabilitación y en especial los de infraviviendas en el Casco Histórico, los cortes de los suministros de luz y agua y el incremento de personas que viven en la calle, la continuidad de los desahucios por impago de hipotecas, nos está llevando a un alarmante aumento de familias en situación de exclusión social.
Los últimos acontecimientos en relación a la ocupación de viviendas en San Severiano, la poco clara adjudicación de viviendas en Matadero, el pronunciamiento judicial rechazando el desahucio de una familia con tres hijos, el constante peregrinar de gaditanos solicitando ayudas en todo tipo a las organizaciones sociales para afrontar los gastos de alquiler, luz y agua, exigen que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento adopten medidas urgentes para resolver los problemas que se generan en buena medida por su propia pasividad.
En este sentido, ambas administraciones han abandonado las limitadas políticas que venían ejecutando años anteriores no recogiendo en los presupuestos para 2014 partidas presupuestarias que permitan atender los problemas existentes. Y ello en la capital del paro y la pobreza.
En reuniones que la APDHA hemos mantenido con el Delegado de Fomento de la Junta de Andalucía y en la mesa de vivienda del Consejo Municipal de Inclusión Social, ninguna de ambas administraciones ha sido capaz de informar sobre cuál es su programación y cuáles son sus proyectos concretos para este año 2014 para la ciudad de Cádiz. Tras esas reuniones, no podemos sino concluir que ambas están condenando a los ciudadanos a perpetuar su situación de exclusión y a no darles posibilidad alguna de acceder a una vivienda con condiciones de dignidad. Una situación que creemos que se va a agravar de no adoptarse medidas contundentes.
La Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía exige a ambas administraciones que definan qué van a hacer y programen actuaciones que frenen el deterioro que se está produciendo y fundamentalmente intervengan en la eliminación de las infraviviendas y construcción de nuevas viviendas en los solares e inmuebles de su titularidad, actualmente sin ocupar y en estado de abandono, con capacidad para más de 300 viviendas.
Pudiéramos entender la dificultad que ambas administración tengan para obtener financiación de las entidades financieras, pero es absolutamente rechazable que no existan partidas en los presupuestos ordinarios, municipales o autonómicos, para atender la situación que está produciéndose en Cádiz con el problema de la vivienda.
Cádiz 06 de febrero de 2014
