Los datos revelados en el último informe del Defensor del Pueblo con respecto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura(1) destacan a Cádiz como una de las provincias en las que más detenciones de migrantes por motivo de la Ley de Extranjería se produjeron, tal y como la APDH-A ha venido señalando en los últimos años.
Concretamente la provincia de Cádiz, con 2.245 personas, es la tercera provincia española y la primera de Andalucía por número de detenciones con ingreso en calabozo en aplicación de la Ley de Extranjería, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. Este hecho constituye una realidad preocupante habida cuenta de que los porcentajes de población en nuestra provincia son muy inferiores a los de la mayoría de provincias españolas.
Es cierto que en estos datos puede tener una especial influencia el número de personas detenidas que han atravesado el Estrecho durante el año 2013, arriesgando en ello la vida. Nuestra provincia es Frontera Sur directa y, por tanto, es escenario del sufrimiento, vejaciones y vulneraciones que sufren aquellos africanos que desean entrar en Europa y que sólo encuentran la vía de las vallas o de arriesgar la vida en el mar.
No obstante, desagregados estos datos, Cádiz sigue siendo una de las provincias en las que más detenciones se produjeron, tanto de forma absoluta como en relación a la población extranjera residente. Por poner sólo un ejemplo, en Zaragoza, donde residen más del doble de extranjeros que en la provincia de Cádiz, se produjeron la mitad de detenciones una vez eliminado el efecto de la llegada a través del Estrecho. Pero sin salir de Andalucía, el número de detenidos en Cádiz (desagregados los datos de inmigrantes detenidos en patera) supera en más de un 30% a Almería o Granada, que casi cuadriplican y doblan respectivamente en número de inmigrantes residentes con respecto a Cádiz.
Esto da certeza de la persecución policial que sufren los extranjeros que viven en la provincia de Cádiz.
El informe del Defensor del Pueblo, también destaca la situación de los CIEs haciendo un profundo análisis de las personas que pasaron el último año por esos muros de la vergüenza.
En este sentido, también tenemos que destacar la desgracia de que nuestra provincia acoge dos de estos centros (uno satélite del otro, el de Punta Paloma en Tarifa) cuya desaparición exigimos un número cada vez mayor de organizaciones. De nuevo destaca el CIE de Algeciras en el informe del Defensor, con 2.484 internados en 2013, muy cerca de Madrid, con 2.694 internados y bastante por encima del siguiente CIE, el de Barcelona con 1.584.
El Informe también señala que la inmensa mayoría de los internados en el CIE de Algeciras-Tarifa son hombres (sólo 160 mujeres durante el año 2013, frente a 2.324 hombres). Por nacionalidades son los procedentes de Marruecos los que encabezan la lista, con 778 internados, pero también hay un importante contingente de Malí (294), Chad (249) y Camerún (225).
Pero es que, además, nos encontramos con la realidad de que aquellos que han llegado, los que residen con nosotros y que, por diversas razones, especialmente por motivo de la crisis, han perdido su autorización de residencia, lo que se ha venido en llamar “irregularidad sobrevenida”, padecen una persecución policial de intensidad muy superior a la de la mayoría de las restantes provincias españolas.
Es otra muestra de la forma de actuar del Sr. Subdelegado del Gobierno de Cádiz, sr. de Torre, que utiliza la represión de forma ampliamente indiscriminada sobre los colectivos más vulnerables, sea en forma de multas a los colectivos que ejercemos nuestro derecho a protestar, sea con la persecución policial a los inmigrantes. Derechos Humanos hemos denunciado en numerosas ocasiones esta persecución policial a inmigrantes que observamos en muchas localidades de nuestra provincia, por ejemplo en las calles de El Puerto o en la estación de Jerez.
Desde la APDHA exigimos, de nuevo, que este Gobierno y especialmente la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, abandone su política de criminalización de la inmigración y sea consciente de la realidad de crisis, paro, desempleo y pobreza en la que vive una buena parte de la sociedad gaditana y que padece especialmente la población inmigrante. Ante esta situación la respuesta no puede ser policial como está siendo en la provincia de Cádiz, sino que debería consistir en flexibilizar los criterios de las renovaciones, evitar la irregularidad sobrevenida y favorecer la integración.
Cádiz 30 de junio 2014
