La APDHA condena la agresión israelí a la población indefensa palestina.

CONDENA A LA AGRESIÓN ISRAELÍ A LA POBLACIÓN CIVIL INDEFENSA DE PALESTINA.

El ataque israelí iniciado el 28 de Junio con el bombardeo masivo de las infraestructuras que quedaban en pie en la castigada Franja de Gaza, entre ellos los generadores que alimentaban de energía eléctrica a la ciudad y los puentes de comunicación, las aterradoras bombas de sonido, las detenciones de ciudadanos y ministros palestinos y representantes electos del Parlamento palestino, junto con los asesinatos llamados por el gobierno israelí “selectivos” de los dirigentes de la población ocupada, son todos ellos crímenes de guerra expresamente condenados y descritos como tales en la IV Convención de Ginebra relativa al tratamiento de la población civil por las potencias ocupantes.

La simple lectura de este Convenio internacional recuerda las infracciones continuadas por el Estado de Israel de todos y cada uno de sus artículos, que prohíben precisamente las barbaridades que acostumbran a realizar las fuerzas de ocupación en todo tiempo y lugar en cuanto se les presenta la ocasión. Y así, el articulado de la IV Convención es un catálogo de derribos de casas de familiares de resistentes, de bombardeos de castigo sobre poblaciones indefensas, de destrucciones de hospitales e infraestructuras viarias, de bloqueo de los abastecimientos, de amedrantamientos de la población, y de asesinatos de dirigentes populares. Actividades todas ellas habituales a lo largo de la historia, pero prohibidas por el Derecho Internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

De esta manera podemos leer en su artículo 3 que “se prohíben, en cualquier tiempo y lugar las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”.

En su artículo 33 prohíbe “los castigos colectivos, las medidas de intimidación y de aterrorizamiento de la población, el pillaje y las represalias” pues no se puede castigar a unas personas por infracciones que no hayan cometido.

En su artículo 53 dice expresamente que en los territorios ocupados le “está prohibido a la potencia ocupante la destrucción de bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual y colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades”.

En su artículo 56 dice expresamente que “potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener los servicios médicos y hospitalarios”.

En su artículo 59 se dice que “cuando la población de un territorio ocupado esté insuficientemente abastecida la potencia ocupante aceptará y facilitará las ayudas de socorro a dicha población”, y que “todos los estados firmantes de la convención deben autorizar el libre paso de la ayuda y garantizar su protección”.

Dada la naturaleza del conflicto, un caso de colonización con sustitución forzada de la población por colonos traídos de otros países, no es de extrañar este comportamiento criminal del ocupante, semejante en esto a todas las colonizaciones históricas anteriores que pusieron en práctica una política de apartheid con el fin de expulsar a la población autóctona considerada inasimilable. Y como en tantas otras ocasiones históricas nada pueden hacer las víctimas, dada la diferencia abismal de medios empleados por ocupantes y ocupados, salvo resistir y esperar que las condiciones históricas no les resulten tan adversas.  Y esto es lo que hacen los palestinos cuando lanzan la terrible, trágica y heroica consigna de “Aquí nos quedamos. Aquí moriremos” lanzada en Gaza el 28 de Junio.

Pero a diferencia de otros siglos nuestra época ha visto nacer el Derecho Internacional, y los instrumentos internacionales para hacerlo valer. Y los compromisos adquiridos por los estados firmantes de sus convenios y tratados que les obligan a denunciar y obligar a los estados delincuentes a cumplir las leyes internacionales y humanitarias allí reflejadas. Y es aquí donde la indignación llena el corazón de todos los defensores del derecho internacional. Y la perplejidad de todos los defensores de los derechos humanos.

El futuro de la población palestina, el que se pueda poner un término a sus sufrimientos, el que no haya asesinatos “selectivos” de sus dirigentes, el fin de la hambruna y del terror sobre la población exánime de los campos de refugiados, no depende de la generosidad de un estado sin alma que practica una política de apartheid despiadada, ni de la resistencia heroica de una población martirizada, sino de la intervención de la comunidad internacional, (de la única “comunidad internacional”), de los países que componen la Asamblea General de la ONU , de la presión sobre la política israelí de los países europeos, de la puesta en marcha de los mecanismos internacionales de control ante las amenazas de generalización de la guerra en todo Oriente Medio.

Si el Consejo de Seguridad de la ONU no puede ni siquiera discutir la situación en Palestina por el veto de los EEUU, si Europa se pliega a la política de bloqueo internacional de los abastecimientos  y la ayuda a la población ocupada, si nuestros gobernantes callan, o simulan callando creer en los pretextos que la propaganda de guerra genera cada vez que se dan este tipo de agresiones, y permiten que estos crímenes nos hagan entrar a todos, agresores, y cómplices, activos o pasivos, en la historia mundial de la infamia, ¿dónde queda la esperanza?

Como proponen en su resolución las Oenegés de la Red de Coordinación Internacional en Palestina (ICNP) reunidas en Viena bajo los auspicios de las Naciones Unidas (y teniendo en cuenta el texto de la IV Convención de Ginebra).

•  Que la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas, debe pedir un cese inmediato del asalto de Gaza y una completa retirada de las Fuerzas Israelíes.

•  Israel debe compensar inmediatamente, pagando completamente la reconstrucción de los sistemas eléctricos y de agua, y debe asegurar el acceso a Gaza de todo el personal y equipamiento necesario para la reconstrucción.

•  Israel debe inmediatamente quitar los puntos de control de Gaza y reabrir sus fronteras (con Israel y con Egipto), y permitir el paso libre de personas y alimentos

•  Todos los prisioneros, de ambos lados, deberían ser puestos en libertad, con particular urgencia para las mujeres y los niños que se encuentran en prisiones israelíes

El Área de Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía preocupada por el silencio institucional, impropio de las circunstancias que vivimos, se dirige a todas las autoridades electas de nuestro país, al presidente y diputados de la Junta  de Andalucía, a los alcaldes y diputados provinciales, para recordarles el compromiso adquirido por España al firmar los tratados internaciones y especialmente la IV Convención de Ginebra de ” respetarla y hacerla  respetar en toda circunstancia “. Y pedirles que se dirijan al presidente de la nación, jos1e Luis Rodríguez Zapatero rogándole que se pronuncie a favor de las reglas de Derecho Internacional, y denuncie ante las instituciones internacionales de las que España forma parte las gravísimas violaciones cometidas por el estado israelí en los territorios ocupados y exija que se tomen las medidas de presión necesarias para que Israel cese la agresión, libere los prisioneros e indemnize por los daños causados.

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