La APDHA CONSIDERA URGENTE UNA INVESTIGACIÓN A FONDO EN EL CENTRO DE MENORES DE LA BIZNAJA EN TORREMOLINOS.
Las quejas y denuncias de los menores y de algunos profesionales de los Centros de Reforma ante el sistema educativo que se emplean en el ámbito de la reforma juvenil se han ido incrementando en los últimos tiempos.
Esta Asociación se hizo eco e inició actuaciones de investigación en los años 2004 y 2005 hasta donde le fue posible ( la Consejería de Justicia no autorizó nuestra entrada), emitiendo un informe al respecto. Ante los hechos acaecidos, la Asociación planteó queja al Defensor del Pueblo Andaluz, así como la iniciación de un expediente de investigación ante la Dirección General de Reforma Juvenil. Como consecuencia de todo ello, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, responsable de la ejecución de las medidas (aunque delegue a entidades privadas la gestión de los centros en los que se cumplen las mismas) comenzó a elaborar a partir de entonces un protocolo tendente a evitar y controlar que dichos hechos no se pudieran cometer abusos de ningún tipo hasta entonces inexistente. Dicho compromiso, aunque un poco tarde, nos mereció una valoración positiva, pues delegada la ejecución, parece de recibo que, al menos la misma, sea controlada con las garantías que caracterizan al estado de derecho.
Esta semana vuelven a salpicar voces de profesionales, que responsablemente, denuncian posibles abusos y malos tratos cometidos por otros educadores y trabajadores en centros de reformas andaluces, como es el caso de La Biznaga en Torremolinos.
Los Centros denunciados siempre se han defendido achacando las denuncias a conspiraciones o intereses ocultos de los menores, cuando no a venganzas laborales de los ex trabajadores. No entendemos cuales podrán ser los citados intereses, ni desde luego el por qué se cuestiona la gallardía ciudadana de no permitir que se solapen posibles irregularidades sometiéndolos a una investigación judicial en la que sean contrastados y esclarecidos los hechos. Impulsar que se salvaguarden las garantías no debe ser despreciado, sino encomiado. La manera de asegurar que estas situaciones no se producen es no mantenerse impasibles ante ellas y no tener miedo a que se investiguen.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio, exigiendo el total esclarecimiento de los hechos. La APDH-A , felicita la iniciativa del Defensor, sumándose a la misma con las siguientes proposiciones: -Instar a la Administración andaluza y al Poder Judicial a que promuevan un proceso ágil y garantista para conseguir el esclarecimiento de los hechos.
– Postular la adopción inmediata por parte de la Consejería de Justicia de todas las medidas cautelares que puedan ser necesarias para erradicar estas situaciones de abuso, como la suspensión de empleo y sueldo a los trabajadores imputados, y la rescisión de los Convenios de Colaboración con aquellas entidades reiteradamente denunciadas.
– Exigir que los Juzgados de Guardia ante hechos de este tipo adopten las medidas cautelares frente a los presuntos autores.
– Reiterar la necesidad de que se permita a la sociedad, a través de ciudadanos voluntarios y movimientos asociativos (entre ellos la APDH-A ), poder colaborar en el mejor funcionamiento de los centros de reforma posibilitando su entrada. Dotar de transparencia a cualquier espacio refuerza las garantías y fortalece el respeto a los derechos humanos. Si seguridad buscamos con el ingreso de determinados menores infractores en centros de reforma, seguridad jurídica exigimos en el cumplimiento de las medidas impuestas para que propiciemos los medios necesarios que materialicen las exigencias propias de un estado de social y de derecho como el nuestro.
– Revisar los planes educativos de los centros conveniados, instaurando el diseño y desarrollo de estrategias curriculares que potencien el carácter educativo en la ejecución de las medidas judiciales a menores, manteniendo un sistema de evaluación e inspección continua sobre la autonomía pedagógica y organizativa de la que gozan actualmente las entidades gestoras.