Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Delegación de Sevilla), queremos manifestar nuestra preocupación por el trato que se le esta dando a las familias rumanas en nuestra ciudad.
Por un lado, nuestras administraciones públicas esta cometiendo dejación de funciones al no atender adecuadamente a éstas personas. El hecho migratorio resulta imparable por mucha frontera que pongamos porque los pobres buscan irremediablemente medios de vida. Padeciendo pobreza el 20% de la población de Rumania, y estando la minoría gitana especialmente discriminada y segregada, no nos podemos sorprender de encontrarnos con rumanos gitanos por prácticamente toda la geografía española. Nuestra sociedad ha conquistado derechos que son universales y debemos ofrecerlos a todos, y es el Estado quién, en definitiva, debe hacerlos cumplir. Por otro lado, condenamos el levantamiento de campamentos de rumanos sin tener un plan de acción efectivo de trabajo social con estas personas. El resultado de la acción únicamente ha sido la dispersión del grupo, además de echar por tierra el trabajo que previamente se había realizado con estas personas. Consideramos que la solución de una intervención policial simplemente trata de hacer desaparecer el problema de la opinión pública, sin ahondar en las raíces del problema. Este tipo de medidas improvisadas están abocadas al fracaso, ya que no responden a las necesidades de estas personas. Finalmente queremos rechazar toda manifestación que induzca a la xenofobia. Debemos ser sumamente cuidadosos en el tratamiento mediático que hagamos del tema, pues declaraciones imprudentes, basadas en el desconocimiento de la realidad, pueden constituir fácilmente una inducción a la xenofobia. Son inmigrantes muy pobres, y la pobreza provoca rechazo espontáneo de todos, porque nadie la quiere, ni para uno mismo, ni para otro. Frente a lo anterior, debemos ser lúcidos en rechazar la pobreza y no a los pobres. Hacer declaraciones públicas que supongan juicios de valor negativos sobre ellos supone claramente una criminalización de la inmigración y de la pobreza. Y puede caerse fácilmente en la inducción a la xenofobia, delito tipificado en el código penal español. Exigimos por tanto, que los organismos públicos competentes adopten medidas que den respuestas efectivas a las problemáticas de este colectivo y la disposición de medios para ello.
