En toda etapa de crisis económica son los sectores sociales que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión los que sufren con especial rigor las consecuencias negativas de la misma. Son momentos donde las administraciones competentes deben hacer una apuesta política más decidida para asegurar el acceso a los bienes básicos indispensables (empleo, sanidad, educación, vivienda…) a aquellos colectivos de la ciudadanía que se encuentran en una coyuntura de mayor fragilidad social por la desigualdad de base de la que parten.
En el marco descrito, la APDHA considera profundamente rechazable la gestión del parque público de vivienda social que está llevando en los últimos tiempos la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en los barrios de nuestra ciudad con problemas de exclusión social, por marcar una orientación totalmente opuesta a una política social que en un contexto de crisis debe primar a los/as ciudadanos/as más desprotegidos/as.
La propia Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio reconoce, a instancias de una solicitud de la APDHA requiriendo información sobre esta materia, que a fecha de abril del presente año existían 75 expedientes de desahucio administrativo de vivienda social tramitados por EPSA en Córdoba. Igualmente reconocía la inexistencia de un baremo reglado en los procedimientos de adjudicación de vivienda social, que el número de este tipo de viviendas en la capital cordobesa ascienden a 3.094 (831 en el Barrio del Guadalquivir, 561 en el barrio de Palmeras, 1642 en Moreras, 23 en Siete Revueltas, 10 en Veredón de los Frailes y 27 en la Corredera) y que a día de hoy no existe previsión de aumentar el número de viviendas sociales a corto o medio plazo.
A través de la asesoría jurídica que presta la APDHA en las zonas necesitadas de transformación social de Córdoba (ZNTS), se han podido recabar algunos datos muy reveladores que confirman lo preocupante de la situación:
– A fecha de 31 de julio, de los expedientes de asesoría jurídica abiertos desde enero de 2009 en la delegación de Córdoba de la APDHA, el 50% versaban sobre vivienda social.
– De los 40 asuntos de vivienda social a los que se le está realizando seguimiento, 18 se referían a procedimientos de desahucio iniciados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través de EPSA y otros 8 a solicitudes de vivienda social sin resolver vinculadas a situaciones de hacinamiento.
Por lo expuesto, la APDHA denuncia que privar a 75 familias (número que con toda seguridad aumentará de seguir con la línea administrativa actual, puesto que existen otras muchas familias en las mismas circunstancias que aquéllas que tienen ya en trámite el procedimiento de desahucio) en situación o en riesgo de exclusión de la única vía que a día hoy tienen para cubrir una necesidad tan básica como la de vivienda no es precisamente un ejemplo de política social avanzada para momentos de crisis tan profundos como los que vivimos. Si se acaban ejecutando esos desahucios se van a producir unas dramáticas consecuencias humanas y sociales que van a afectar en primera persona a las familias afectadas, pero que evidentemente también van a tener unos efectos muy negativos en el conjunto de zonas necesitadas de transformación social de nuestra ciudad.
Ante esta situación, desde la APDHA exigimos:
– La inmediata paralización de los procedimientos de desahucio incoados hasta que se le ofrezca una solución estable a los/as ciudadanos/as afectados/as para cubrir sus necesidades básicas de vivienda.
– Dotar de una mayor claridad, transparencia y publicidad a los criterios y requisitos de acceso a las viviendas sociales de titularidad de la Junta de Andalucía.
– Impulsar la construcción de nuevas viviendas sociales desde las administraciones autonómica y local; la promoción de este tipo de vivienda se encuentra totalmente paralizada desde hace ya demasiados años. La planificación de la situación de estas futuras viviendas debería tender a evitar la concentración en los barrios de Córdoba necesitados de transformación social, como actualmente sucede, a fin de no crear guetos.
Córdoba, 6 de agosto de 2009
