La APDHA denuncia el “censo de pobres” que propone el Gobierno central

Desde la Asociación instamos a las administraciones a abordar, de forma urgente, la situación de emergencia social que estamos padeciendo

censo_pobres_webEl viernes pasado, (BOE 6 de marzo de 2015), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó la resolución del 25 de febrero de 2015 en la que dio instrucciones que obligan a que se acredite, mediante informe de los servicios sociales públicos o de trabajadores/as sociales, que una persona es pobre. Estos informes serían condición necesaria para beneficiarse del reparto de ayudas que realizan las ONG a través de los bancos de alimentos, de manera que “solo reciban esa ayuda las personas que realmente lo necesiten”. Según el gobierno estatal estos nuevos requisitos son condición que impone el  Reglamento de la UE sobre el Fondo  de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (223/2014). Pero este reglamento para nada exige que se tenga que recoger, como si lo hace la resolución, “el número de inmigrantes, participantes de origen extranjero o si pertenecen a minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes)”, o el informe de los servicios sociales para acceder a estas ayudas. Solo dice que los gobiernos “aplicaran los criterios objetivos que hayan sido fijados por las autoridades nacionales competentes en consulta con las partes interesadas pertinentes.”

Hasta ahora solo era necesario que constara si eran personas sin hogar, edad, sexo y si tenían alguna discapacidad, y presentar  un certificado de empadronamiento y de no recibir ayuda o renta alguna, y esos datos eran lo que recogían las organizaciones y esa documentación la que pedían. Las nuevas demandas de datos y requisitos son cosa de nuestro gobierno. ¿Para qué los quiere? ¿Qué pretende? ¿Qué puede suceder cuando en las estadísticas aparezcan por separados el número de nacionales y extranjeros o personas de otras etnias? Probablemente que aumente la xenofobia y el rechazo a estas personas. Nos parece de una irresponsabilidad máxima que desde las autoridades se encienda la mecha de un conflicto que no sabemos las consecuencias que pueden acarrear.

La situación de emergencia social que estamos viviendo con unos índices de pobreza se han disparado desde el comienzo de la crisis y hace que el 28% de la población, a nivel estatal, esté en riesgo de pobreza y exclusión social (en Andalucía este dato es del 38%).

Las ayudas de las distintas ONG en materia alimentaria son vitales para la subsistencia de estas familias. La saturación y la falta de medios en que se encuentran los servicios sociales de los ayuntamientos están provocando de por sí una falta de atención a las necesidades de las familias que recurren a ellos, dándose el caso de las largas listas de esperas de viviendas para personas en riesgo de pobreza y exclusión social que nunca llegan, por no hablar de la “falta de sensibilidad” de muchos gobiernos municipales para tratar estos asuntos. Por lo que nos tememos que la avalancha de personas solicitando este informe, con el consiguiente estudio y burocracia que esto acarrearía, será inviable para unos servicios sociales ya de por sí saturados, y por lo tanto privaría a estas familias de esta ayuda diaria tan necesaria. Estos problemas, más la falta de información para saber a dónde acudir, el problema de muchas personas para acceder a los servicios sociales de los ayuntamientos, hará que este “censo de pobres” que pretende hacer este Gobierno lo único que produzca sea la desaparición de estos recursos vitales para las familias y que, sobre el papel, el numero de población que acude a estos centros en demanda de ayuda disminuya.

Vergüenza sentimos antes unas directrices de la Unión Europea y la complicidad del Gobierno que debiera poner “pie en pared” y frenar el injusto austericidio al que están llevando las políticas neoliberales, que priman una economía que produce sufrimiento y muertes evitables frente a derechos humanos básicos como son la alimentación y la vivienda. Entendemos que esta medida solo sirve para maquillar las vergonzosas cifras de pobreza que están provocando sus políticas económicas.

Exigimos a la UE, al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía la derogación y el no acatamiento de estas directrices y la aplicación de medidas acordes a la situación alarmante de pobreza y exclusión que estamos viviendo. Basta de criminalizar y de estigmatizar a las personas más vulnerables. No necesitamos migajas ni “censos de pobres”, necesitamos políticas que respeten la dignidad humana en la que se basan los derechos humanos.

Exigimos a la Junta de Andalucía, una vez más, la aprobación de la Ley de Inclusión y Renta Básica.

MENOS “CENSOS DE POBRES” Y MÁS JUSTICIA SOCIAL.

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