Por una parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado que entre los meses de agosto y septiembre las fuerzas policiales y militares de Marruecos han recrudecido su represión sobre los migrantes subsaharianos en tránsito hacia Europa que se encuentran bloqueados en suelo marroquí. MSF cifra que en estos meses entre 600 y 700 migrantes han sido víctimas de redadas policiales y de deportaciones hacia la frontera de Argelia, en pleno desierto, sin comida ni agua y a merced de las bandas de salteadores que merodean esta frontera cerrada desde los años 90. Denuncian los brutales métodos usados por la policía, gendarmería y ejército marroquí en estas actuaciones, sin distinguir entre hombres, mujeres y niños, señalando que como resultado de las mismas migrantes subsaharianos han sufrido lesiones de diversa consideración. Ante esta situación, debemos recordar que Marruecos tiene desde 2008 un “Estatuto Avanzado” de relación con la Unión Europea, que fue desarrollado el pasado mes de marzo del presente año durante la presidencia de turno española de la UE. Mediante este estatuto, la UE establece determinadas ventajas económicas, comerciales… para el país magrebí, que como contrapartida debe “aplicarse” en llevar a cabo políticas que respondan a los intereses europeos en distintas materias, siendo una de las principales la represión de los flujos1 migratorios subsaharianos por vías irregulares hacia Europa. A la vista de los últimos acontecimientos, Marruecos se está empleando a fondo en esta misión.
Por otra, la Asociación Maliense de Expulsados (AME) denuncia que España está vulnerando el acuerdo que en 2008 suscribió con Mali, a través del cual el país africano se comprometía a admitir las repatriaciones desde España de sus nacionales y de terceros países que en teoría hubieran partido de Mali, a cambio de que España incluyera a ciudadanos malienses en los contingentes anuales de trabajadores extranjeros. Según expone la AME, desde la entrada en vigor del acuerdo han llegado Mali 5 aviones chárter con 60 malienses cada uno (300 en total), mientras que tan sólo 29 ciudadanos de este país han tenido acceso a los contingentes.
La APDHA considera y denuncia que este tipo de situaciones demuestran una vez más la verdadera cara de la política de control migratorio y externalización de fronteras de España y la UE: la falta de respeto a los Derechos Humanos de las personas que son destinatarias últimas de las mismas (los migrantes) y la traslación, por medio de acuerdos internacionales basados en la evidente descompensación de poder político/económico, de la ejecución material de las señaladas políticas a países empobrecidos con una débil (o inexistente) arquitectura institucional democrática de defensa de los derechos fundamentales.
