La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ofreció en Cádiz una rueda de prensa para denunciar la circular 1/2010 enviada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a todas las unidades de policía afectadas. Fruto de dicha circular se han incrementado los controles e identificaciones de inmigrantes y se ha procedido a la detención e internamiento de bastantes de ellos.
La circular ha sido denunciada por numerosos colectivos e incluso los sindicatos policiales como el SUP. Como se indicó en la Rueda de prensa, la denuncia alcanza en primer lugar a su pretendido carácter “reservado”, cuando, como ha indicado el Defensor del Pueblo, las Circulares procedimentales de la policía deben ser públicas y transparentes, ya que lo contrario produce indefensión y menoscabo de las debidas garantías jurídicas a las personas detenidas o retenidas. Más aún desde luego cuando se trata de los derechos de las personas como en este caso.
La circular ordena que se tramiten con la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible los expedientes de expulsión. Y anima a la realización de “detenciones cautelares” con carácter previo al expediente de expulsión y sin saber si de él se derivará o no en una orden de expulsión. La Ley había introducido la expresión “expediente sancionador”.
Al tiempo, la Circular anima a la policía a usar el procedimiento de expulsión “preferente”, que implica el internamiento en un CIE, frente a lo que la Ley denomina “expediente ordinario” que no implica necesariamente el internamiento.
El procedimiento “preferente”, según la ley, sólo debiera aplicarse en caso de evidente riesgo de fuga, pero no a personas con cierto arraigo, como está ocurriendo ya en la aplicación de esta Circular.
En la rueda de Prensa se manifestó, que siendo la reforma aprobada de la Ley de Extranjería recientemente aprobada, un nuevo recorte de derechos para los inmigrantes, lo cierto es que en cuanto a los procedimientos de expulsión, había un avance más garantista.
Un avance que ignora la policía, planteando que la Ley no supone novedad alguna que implique un cambio en la actuación de las unidades de extranjería o de seguridad ciudadana en la vía pública actual.
Todo ello no sólo ignora la Ley de Extranjería en cuanto a procedimientos sancionadores, sino que incluso contraviene sentencias como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de enero que limita la expulsión de extranjeros en función de sus vínculos sociales o familiares. O ignora la Resolución 1707 y la Recomendación 1900 sobre la retención administrativa de los demandantes de asilo y de los inmigrantes en situación irregular en Europa aprobada recientemente por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Del mismo modo desconoce la Recomendación 199 del Consejo de Europa sobre la retención administrativa de demandantes de asilo e inmigrantes en situación irregular en Europa.
Por todo ello, la APDHA manifestó en la rueda de Prensa su oposición a esta normativa, exigiendo la inmediata retirada de la Circular de la Comisaría General. Y a exigir el alcance de los derechos humanos fundamentales para las personas indocumentadas.
