La red Europea contra el racismo en España (ENAR-España) compuesta por más de 25 organizaciones, entre ellas la APDHA, rechaza rotundamente la medida tomada por el ayuntamiento de Vic con la que se niega el empadronamiento a la población inmigrante que resida en dicha localidad en situación administrativa irregular.
Esta medida ocasionará graves consecuencias en el acceso a los derechos de carácter fundamental y universal reconocidos por el Tribunal Constitucional. Derechos como el acceso a la sanidad, la educación básica obligatoria o el acceso a los servicios sociales. Esta decisión contraviene no sólo la Constitución española sino la legislación de extranjería y la Ley de bases del régimen local.
Consideramos que estas medidas sitúan a los grupos municipales que apoyan esta decisión en los límites de la democracia. Parecen renunciar a su capacidad de liderazgo moral y democrático para asumir posiciones de la ultraderecha excluyente, racista y xenófoba que se encuentra en la oposición de este ayuntamiento. Desde ENAR entendemos que la lucha contra la discriminación y el respeto a la dignidad humana son elementos universales que sustancian el valor esencial de la democracia. El gobierno debe actuar con eficacia y firmeza para que este caso no quede impune y no constituya un peligroso precedente. La pasividad ante la violación de la legalidad con base en prejuicios racistas por parte de representantes políticos sería un mal ejemplo hacía la sociedad española y en ningún caso se debe caer en estas medidas por motivos electoralistas.
El gobierno de España no sólo debe realizar declaraciones públicas en contra de esta medida sino que también debe tomar las medidas legales necesarias mediante la Abogacía del Estado e informar a la Fiscalía de esta decisión ilegal (véase en el caso de Catalunya el interesante precedente de la fiscalía de delitos de odio y discriminación). Su papel es hacer respetar el Estado social de Derecho ante medidas que violan la legalidad en base a prejuicios abiertamente racistas que deslegitiman el poder de representación de los políticos.
Más allá del caso concreto de Vic, ENAR España ha venido constatando graves incumplimientos del derecho al empadronamiento en otros municipios del Estado español. En ocasiones por el rechazo absoluto a empadronar a extranjeros en situación irregular y en otros casos actuando con total arbitrariedad y dejando en manos del funcionario encargado la admisión o no del empadronamiento de estas personas.
