Seguiremos reclamando la retirada del consentimiento paterno para embarazadas de 16 y 17 años.
Ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy anunció que la tan polémica Ley contra el Aborto, elaborada por el ya exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no va a ser aprobada.
Al margen del terremoto político y sus consecuencias (la dimisión de Gallardón) conviene hoy recordar los efectos que hubiera tenido esta medida en millones de mujeres que estaban viendo como se originaba una intromisión y limitación del derecho a la salud sexual y reproductiva.
De hecho, la ley consideraba que la mujer no tenía voluntad propia ni capacidad de discernimiento, por lo que debía ser tutelada en el momento del aborto por diferentes profesionales y, a la vez, era eximida de responsabilidad penal si decidía abortar. Un paternalismo deleznable.
Parece que esta vez la presión social y los diferentes argumentos expuestos por las organizaciones, los/las profesionales y las mujeres han tenido su efecto y han conseguido que esta retrógrada ley no viera la luz. Destacamos algunos de estos argumentos:
- Se trataba de una reforma innecesaria; la ley actual cuenta con un amplio consenso social que ha permitido el reconocimiento de la maternidad como una opción personal y ha dotado de seguridad jurídica a mujeres con embarazos no deseados y a los/as profesionales implicados/as.
- Suponía un retroceso de derechos, no solo en relación a la actual Ley, sino respecto a la regulación que existía en 1985, ya que suprimía el supuesto de malformación fetal grave y aumentaba los requisitos para acceder a esta intervención.
- Pretendía eliminar el derecho a la educación y a la salud sexual como la mejor forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y, finalmente, las interrupciones voluntarias del embarazo. Este derecho aparecía en la reforma de la ley del aborto del anterior gobierno, aunque tampoco fuera capaz de profundizar en su aplicación.
Rajoy retira la ley del aborto, pero no del todo. Aprobará el artículo que introduce la obligación del consentimiento de los padres en los casos de aborto en mujeres de 16 y 17 años. Desde la APDHA consideramos importante que la opinión de estas mujeres sea tenida en cuenta, por lo cual defendemos que la obligación de consentimiento llegue hasta los 16 años, la misma exigida para otras intervenciones en la Ley de Autonomía del Paciente.
En la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía abogamos por la defensa de una maternidad libre, responsable y deseada, para lo cual es indispensable garantizar el acceso al aborto a las mujeres que lo necesiten. Desde esta perspectiva es imprescindible profundizar en la aplicación de la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Nos alegramos, por tanto, de la decisión tomada por el presidente del Gobierno y le animamos a que, en otra muestra de sensatez, reconsidere su decisión sobre el artículo referido a las embarazadas de 16 y 17 años.
