La APDHA presenta quejas ante los defensores del pueblo andaluz y español para que recomienden a la Consejería la reanudación del SOAJP

Más de dos años han transcurrido desde que la Junta pusiera fin al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria, eliminando así un servicio imprescindible para 15.000 personas privadas de libertad en Andalucía. Dos años de excusas para incumplir lo que anunciaba periódicamente a bombo y platillo, la reanudación del SOAJP.

El pretexto actual es que el Convenio que dicen se ha preparado junto con el Ministerio tras la reunión de mayo de 2014 está pendiente de informe del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA). Sin embargo, el Ministerio niega que el borrador esté “preparado” y al CADECA, por su parte, no le consta requerimiento alguno de alegaciones.

Todo ello a pesar de que por vía parlamentaria se han aprobado dos proposiciones no de ley en el Parlamento andaluz que aprobaban la reanudación del servicio: la primera -de IU-, en mayo de 2013, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE y con acuerdo del grupo popular; la segunda, presentada en septiembre por el grupo popular y aprobada por unanimidad. En una comparecencia parlamentaria celebrada en mayo de este año el propio grupo parlamentario del PSOE le pidió al consejero que pusiera fin al problema.

Ante este incumplimiento de los mandatos parlamentarios y de sus propios compromisos, la APDHA ha presentado sendas quejas al Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora del Pueblo Español para que recomienden a la Consejería la reanudación de los SOAJP.

El Gobierno andaluz y su presidenta deben acabar con esta situación de indefensión. La APDHA anuncia que, de no ponerse fin a esta situación, iniciará una campaña informativa contra el Gobierno andaluz y contra su presidenta, a fin de que la ciudadanía tome conciencia de los efectos de las políticas de recortes en los derechos humanos de los andaluces.