Esta semana las aguas de nuestro país se han vuelto a teñir de tragedia y muerte. En apenas tres días han fallecido un bebé y una niña de 4 años y han desaparecido unas cinco personas (entre ellas menores de edad y mujeres embarazadas) cuando trataban de alcanzar la ciudad de Melilla en patera. Una vez más desde la APDHA nos queremos unir al dolor de las familias de esas personas con nombre y rostro concreto que han perdido la vida por el único delito de ser pobres, algo especialmente lacerante cuando se trata de niños.
Pero junto a nuestras condolencias a sus familiares, queremos poner de relieve nuestro rechazo a las valoraciones sobre estos hechos realizadas por el Delegado del Gobierno en Melilla. En dichas declaraciones el delegado responsabilizaba en exclusiva a las “mafias” de esas muertes a las que acusó de una “utilización negligente y arriesgada de mujeres embarazadas y niños para conseguir su objetivo” reclamando que “la Unión Europea intervenga ya para poner freno a esta situación”.
Partiendo del absoluto rechazo de la APDHA al tráfico de personas, nos parece imprescindible poner de relieve que son las políticas migratorias y de control de fronteras españolas y europeas, restrictivas y vulneradoras de los Derechos Humanos, las principales responsables de esta situación. Es la imposibilidad material de acceder de una forma regular al continente europeo la que empuja a miles de migrantes a realizar penosos viajes a través del conteniente africano que en muchas ocasiones se prologan durante años, a lanzarse al mar en precarias embarcaciones y a acudir a esas “mafias” como único recurso. Son las citadas políticas las que alientan la creación de organizaciones que trafican con personas; nadie pondría su vida y las de sus hijos1 en manos de traficantes de seres humanos si tuviera una opción mínimamente viable de llevara a cabo su proyecto migratorio por cauces legales.
Por lo expuesto, la APDHA reclama a España y a la UE que no se escuden en la acción de las mafias para eludir su responsabilidad respecto a estas muertes. Mientras no se produzcan un profundo cambio en sus políticas migratorias no cesará la pérdida de vidas en el mar, los traficantes de personas seguirán haciendo negocio de la desesperación, en Marruecos se seguirá vulnerando los derechos de los migrantes bajo los auspicios de la UE y del Estado español… La ciudadanía española y europea debemos dejar claro al Gobierno de España y a las instituciones de la Unión que somos conscientes de donde residen las responsabilidades últimas en estas situaciones, y que por tanto exigimos que cumplan con el deber de identificación de las personas fallecidas y desaparecidas y la reparación a sus familias, así como que se tomen las decisiones necesarias para la radical modificación del marco jurídico-político vigente en materia de control de fronteras y gestión de las migraciones.
Andalucía, 12 de octubre de 2012
