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1. Contra las personas sin hogar y contra las personas que habitan los nuevos asentamientos y que han sido levantados, una vez tras otra, sin ofrecer una sola solución que sea digna de ser tomada como tal. 2. Contra las familias que habitan la Corrala la Utopía, cortándoles el suministro básico del agua y no haciendo nada a favor de solucionar el problema. En el día de ayer ni siquiera se dignaron a acudir, dicen por problema de agenda, a la convocatoria que les hacía el Defensor del Pueblo para buscar una solución ante la orden de desalojo que pesa sobre ellas y que tiene a estas familias en una situación de angustia e incertidumbre que debiera ser del todo evitable. |
Desde la Delegación en Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), venimos denunciando en los últimos meses la dejación de funciones y el acoso que está haciendo el Ayuntamiento de Sevilla hacia las personas excluidas que sufren la carencia de una vivienda a fin de esconder las carencias de su gestión:3. Contra las familias que se realojaron en las viviendas vacías en Nuevo Amate, a las que se les hizo un aislamiento y acoso que violaba, de forma clara, derechos fundamentales. Según informa Europa Press: “el gobierno municipal del PP ha declarado que EMVISESA retirará su denuncia contra las familias una vez sea retirada la denuncia formulada, por dos familiares, contra la Policía Local a cuenta de los rigores del cordón policial desplegado en torno al bloque de viviendas”. Entendemos que esto es un chantaje inaceptable, no puede ponerse en condiciones de igualdad el intento de cubrir un derecho básico, como es el derecho a la vivienda, (reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Constitución, el Estatuto, etc.) y que el ayuntamiento no ha dispensado como es su obligación a estos vecinos con necesidad, con lo que entendemos ha sido una violación de derechos fundamentales y el posible delito de coacciones del artículo 172 del CP.
Desde la APDHA hemos hecho público, en diferentes momentos, nuestro posicionamiento con relación a este tema: la ciudadanía tiene el deber y la obligación de organizarse para satisfacer los derechos humanos básicos, como es el derecho a la vivienda, y sobre todo cuando las administraciones les dan sistemáticamente la espalda incumpliendo sus obligaciones.
Entendemos que el Ayuntamiento no puede criminalizar a las personas excluidas, debe ir a la raíz del problema, que no es otro que la carencia del derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure los bienes necesarios para una vida digna (Art. 25.1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), en este sentido las familias que se realojan en viviendas vacías están dando un grito de desesperación a las administraciones y a la sociedad en general. La denuncia de EMVISESA pretende, absurdamente, callar el grito y señalar como culpables a quienes son víctimas.
Por otra parte, el Ayuntamiento y la Policía Local no deben temer una denuncia de la ciudadanía cuando actúan de manera correcta. Si la actuación ha sido, fuera de la ley, deberá servir para que no vuelva a ocurrir y se depuren responsabilidades y este objetivo es el que, a fin de garantizar la legalidad democrática, debiera perseguir el Ayuntamiento.
Para nuestra asociación los problemas sociales se solucionan con medidas sociales.
Sevilla, 8 de febrero de 2014
