Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía queremos hacer pública nuestra valoración sobre el contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para 2007 aprobado recientemente por el Gobierno.
En primer lugar, queremos mostrar nuestra decepción porque este sistema, que podría haber servido para mejorar la situación de la inmigración en nuestro país, se esté revelando, por diversas razones, como un instrumento bastante ineficaz.
Nos parece un error mayúsculo que, dentro del propio contingente, no se establezca la garantía de un determinado número de plazas para las personas que pretenden emigrar a nuestro país desde el África subsahariana. Las miles de muertes que se ha cobrado el Océano Atlántico en personas que desde África tratan de emigrar hacia Europa para salir de la pobreza en la que el primer mundo ha sumido al continente africano, no han servido para que el Gobierno español tenga en cuenta esta incesante sangría y permita que, en la práctica, los ciudadanos de esos países puedan emigrar a España de una forma legal.
Sería necesario que en la regulación del contingente se estableciese la necesidad de que un porcentaje alto de los trabajadores extranjeros contratados en origen proviniesen de estos países pero, mientras que se mantenga este sistema de plena libertad en la elección del país de origen del trabajador por parte de los empresarios, los africanos no tendrán vías legales para iniciar una nueva vida en España. De nuevo, como siempre, África es la gran olvidada por los dirigentes españoles.
Pero el contingente no sólo tiene errores de concepto sino que las cifras que se manejan nos resultan, del mismo modo, inexplicables. Por poner un ejemplo, no podemos entender que para la provincia de Jaén, en todo el año 2007 no se vaya a necesitar a ningún trabajador extranjero.
Las cifras que se manejan para el resto de Andalucía, resultan igual de incoherentes: 13 trabajadores para toda la provincia de Huelva, 20 para la provincia de Cádiz o 64 para Almería.
En cuanto a los visados para búsqueda de empleo, las cantidades aprobadas también resultan a todas luces insuficientes: 10 para las provincias de Cádiz, Granada, Huelva y Jaen o 15 para la provincia de Almería.
Son datos que nos revelan que el contingente, que en un primer momento pudo parecer un sistema aceptable para mejorar la situación de los inmigrantes en España, ha sucumbido, una vez más, ante la cortedad de miras del gobierno español y de los empresarios que presentan cifras que, difícilmente, se corresponden con la realidad. Parece que se prefiere seguir condenando a los extranjeros a la clandestinidad y a la irregularidad antes de proporcionarle los medios adecuados para que puedan trabajar por un futuro mejor.
