Los colectivos cordobeses de defensa de los Derechos Humanos y de los derechos de las personas migrantes APDHA, APIC-Andalucía Acoge y Córdoba Acoge han pedido al consistorio cordobés que solicite al Gobierno central que modifique la redacción del artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal, ya que su actual literalidad puede conllevar al castigo penal de comportamientos de carácter solidario y humanitario con las personas extranjeras en situación documental irregular.
Esta mañana los colectivos cordobeses de defensa de los Derechos Humanos y de los derechos de las personas migrantes APDHA, APIC-Andalucía Acoge y Córdoba Acoge han presentado una propuesta de moción al Ayuntamiento de Córdoba en el marco de la campaña “Salvemos la hospitalidad”, en su condición de entidades promotoras de la misma (en el caso de Córdoba Acoge como miembro de la Red Acoge y APIC como entidad federada en Andalucía Acoge). La campaña está impulsada por unas 30 entidades sociales de toda España y se puede encontrar toda la información sobre la iniciativa en: www.salvemoslahospitalidad.org
En la citada moción se solicita al consistorio de nuestra ciudad que, como ya lo han hecho ayuntamientos como los de Málaga y Sevilla, solicite al Gobierno central que modifique la redacción del artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal, ya que su actual literalidad puede conllevar al castigo penal de comportamientos de carácter solidario y humanitario con las personas extranjeras en situación documental irregular. Acusar o no a una persona que ayuda a entrar o transitar en España o en el espacio Schengen por motivos puramente altruistas quedaría al criterio subjetivo de la fiscalía. También actuaciones tales como alquilar una vivienda a una persona inmigrante sin documentación podrían castigarse con hasta 2 años de prisión.
Dado que consideramos que la solidaridad nunca puede ser calificada como un delito y que normas de este tipo tan sólo consiguen criminalizar a nuestros/as vecinos/as de origen inmigrante, desde la campaña “Salvemos la Hospitalidad” hacemos un llamamiento a los ayuntamientos como las administraciones más cercanas a la realidad social, a los colectivos de la sociedad civil y a la ciudadanía en general que hagan llegar al Gobierno central su rechazo a este nuevo art. 318 bis del Código Penal y le exijan la modificación del texto actual.
Córdoba, 14 de marzo de 2013