Wilfredo llegó a España como llegaban centenares de bolivianos hasta hace unos meses, con su pasaporte y disimulando en su declarada intención de turista la voluntad de buscarse un futuro mejor en España. Junto a él vino la jovencísima Brenda y se instalaron en Algeciras.
Wilfredo encontró trabajo pronto sumergida como estaba la economía española en la burbuja inmobiliaria. Era buen albañil, como la mayoría de los bolivianos, dispuesto a trabajar de sol a sol siempre que recibiera el dinero suficiente para alimentar a su mujer y enviar a su familia en Bolivia. Un día lo detuvo la policía y le iniciaron el denominado procedimiento preferente de expulsión aunque ni él ni su abogada presentaron alegaciones. En estas nació Xavier un pequeño regordete en el Hospital de Algeciras. Sin embargo, pese a que su padre era boliviano y su madre también, al nacer en España Xavier recibió la nacionalidad española.
Dos días después de que su hijo recibiera el DNI español, Wilfredo fue a ver a su último jefe para que le pagara el chapú que acababa de hacer. Sin embargo, el jefe no estaba dispuesto a pagar y prefirió llamar a la policía para que lo detuviera y ejecutara la orden de expulsión que él, personalmente, no había recibido y ante la que la abogada no había interpuesto los recursos correspondientes. Pese a que Brenda llevó los papeles de su hijo, la Policía de Algeciras envió a Wilfredo de vuelta a Bolivia saltándose a la torera la jurisprudencia del Supremo, las obligaciones internacionales contraídas por España y todo lo demás, porque al fin y al cabo ¿qué es eso de las garantías? Sólo son inconvenientes que cuatro abogados crean para que los policías no puedan llevar a fin ese ímprobo esfuerzo evitar que los extranjeros invadan nuestro país.
Desde entonces, y gracias a la ayuda de Juan Moriche, han movido Roma con Santiago para deshacer la injusticia cometida. Con la ayuda del Defensor del Pueblo andaluz obtuvieron el compromiso de la Subdelegación del Gobierno de revocar la expulsión para que Wilfredo pudiera volver a ver a su hijo y contribuyera a su educación y sostenimiento tal y como le exige y asegura el Código Civil español
Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno no cumplió su palabra. Como no había cumplido antes la Policía. Como no cumplió la abogada que le asignaron a Wilfredo. Como no ha cumplido casi nadie con su trabajo, con su palabra, con su compromiso. Por eso Brenda, Wilfredo y Xavier son una familia atípica y Xavier crece, con el DNI en la mano, sin su padre que espera un día poder regresar junto a su hijo para explicarle quién es ese número 6 blaugrana que le regaló la equis de su nombre.
La APDH-A ha acogido este caso en su línea de trabajo en contra de las expulsiones de padres de menores nacionales. Dado que los plazos de recurso contencioso estaban agotados, se ha preferido insistir en la petición de revocación de un orden de expulsión que es claramente vulneradora de los derechos fundamentales del menor. La Subdelegación se planta en su imposibilidad de revocar un acto ya ejecutado.
Sin embargo, el problema no es (sólo) haber expulsado a este hombre. El problema es que en la actualidad pesa contra él una orden de prohibición de entrada en España, el país del que es nacional su hijo, en el que crece y se educa sin su presencia. La APDH-A insiste en exigir la retirada de esa prohibición de entrada. La Subdelegación del Gobierno en Cádiz mantiene aún una postura inmisericorde contra los derechos de este pequeño por lo que nos hemos visto obligados a sacar a la luz pública este caso para poner de relieve la flagrante violación de derechos que perpetra la Subdelegación del Gobierno en Cádiz cada vez que expulsa al padre de un menor de nacionalidad española y la necesidad de que una vez cometida semejante tropelía se arbitren los medios más sencillos para subsanarla.
