La Junta valora instalar vídeo-vigilancia en jefaturas de Policía Local a raíz de una queja por torturas de APDHA

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  • La queja fue formulada al Defensor del Pueblo por el presunto caso de tortura de un joven y el abandono de su hijo de 3 años en la calle del municipio sevillano de Guillena
  • El Defensor del Pueblo Español inicia actuaciones ante el Ayuntamiento de Guillena

Andalucía, 19 de marzo de 2021. La Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía ha emitido una respuesta a la queja interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a propósito de la denuncia por torturas a un joven y el abandono de su hijo menor de tres años en la vía pública, contra agentes de la Policía de Guillena (Sevilla) la pasada semana. En la respuesta, la Junta contempla la posibilidad de «tener en cuenta las sugerencias acerca de los sistemas de vídeo-vigilancia en las dependencias municipales de detenidos de las capitales de provincia», efectuadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, a raíz de la denuncia de APDHA.

La organización andaluza solicitaba en un escrito presentado ante la Junta que esta dictara “una disposición que regule y prescriba la instalación de sistemas de vídeo-vigilancia en las Jefaturas de Policía Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía», a lo que la Consejería de la Presidencia señala que «está tramitando una nueva Ley de las Policías Locales de Andalucía» y que esa norma, que también será desarrollada a través un «nuevo Decreto de homogeneización» de medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local, contempla la posibilidad tener en cuenta esta sugerencia.

La solicitud viene motivada por la necesidad de preservar las imágenes captadas por el sistema de vídeo-vigilancia de la Jefatura de Policía Local de Guillena, tras la evidencia, corroborada por varios informes clínicos, de que el detenido, A.J. “fue golpeado en varias ocasiones en el costado derecho”, hechos que se produjeron, según la denuncia, cuando se encontraba bajo custodia policial, a los que se añaden “insultos y amenazas racistas de carácter antigitano”.

Desde APDHA indican que su petición «se basa en las recomendaciones formuladas por organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas o en las propuestas realizadas desde hace años por los Defensores del Pueblo Español y Andaluz». En concreto, la respuesta de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía hace referencia en su respuesta a la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, formulada en la queja 17/5085, en la que éste traslada su «criterio favorable» a la instalación de sistemas de vídeo-vigilancia en todo tipo de dependencias policiales «sea cual sea su adscripción». Paralelamente, han anunciado que el Defensor del Pueblo Español ya «ha iniciado las actuaciones ante el Ayuntamiento de Guillena» y que «se va a poner en conocimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura».

Asimismo, desde APDHA señalan que «la nueva Ley de las Policías Locales de Andalucía también debería instaurar un sistema de Inspección General de Policías Locales de ámbito autonómico». A este respecto, la entidad andaluza recuerda que esta propuesta fue formulada por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura hace más de una década y respondía a dos tipos de problemas a la hora de fiscalizar la actuación de las Jefaturas de las Policías Locales. Por un lado, la «dispersión y heterogeneidad de la estructura y del tamaño de los cuerpos de policía local» y, por otro, «la dificultad que entraña asegurar un procedimiento imparcial de examen de las actuaciones controvertidas por parte de miembros de cuerpos policiales reducidos o de sus responsables políticos directos».

Respecto a este último punto, la organización andaluza reconoce que aún no ha recibido «ningún tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento de Guillena ante la petición de que se inicie un procedimiento disciplinario contra los agentes implicados en los hechos denunciados». Del mismo modo, advierten que seguirán «de cerca la tramitación de la nueva Ley de Policías Locales con el propósito de que se trate de una norma adaptada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos».

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