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No se puede criminalizar a las personas excluidas que sufren el problema de la ausencia de vivienda
Desde la Delegación en Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), venimos denunciando en los últimos meses la dejación de funciones y la criminalización que está haciendo el Ayuntamiento de Sevilla contra las personas excluidas y que sufren un urgente problema de vivienda.
El alcalde de Sevilla ha declarado que rechaza de nuevo que haya quien «dé la patada en la puerta y ocupe ilegalmente una vivienda ante otras personas que están esperando» el proceso legal para su adjudicación.
El Defensor del Pueblo Andaluz, en la misma línea, ha declarado: «debemos saber cuántas viviendas tiene disponibles cada administración y hay que ordenar bien los procedimientos de adjudicación de vivienda, para que esto no sea improvisar y que el más valiente o el que pega la patada en la puerta tenga la vivienda y el otro no».
Entendemos que este tipo de declaraciones no ayudan en nada a solucionar el problema de la vivienda. Además, esas palabras solo sirven para criminalizar y estigmatizar a familias que, desde la desesperación y abandonadas por las administraciones, han dado un paso hacia adelante, en muchos casos el único que les quedaba. Muchas de esta familias han sufrido la “patada en la puerta” de su hogar y han sido desahuciadas de manera inhumana. “Patadas en la puerta” amparadas en una legislación que defiende el derecho a la propiedad por encima de los derechos humanos.
Desde la APDHA hemos hecho público, en diferentes momentos, nuestro posicionamiento con relación al tema de los realojos y ocupaciones en viviendas vacías: la ciudadanía tiene el derecho y el deber de organizarse para satisfacer los derechos humanos básicos, como es el derecho a la vivienda. Y mucho más aún cuando las administraciones les dan sistemáticamente la espalda y son abandonadas a su suerte.
Entendemos que no se puede criminalizar a las personas excluidas. Se debe ir a la raíz del problema, que no es otro que la carencia del derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure los bienes necesarios para una vida digna (Art. 25.1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). En este sentido, las familias que se realojan en viviendas vacías están dando un grito de desesperación a las administraciones y a la sociedad en general.
El Defensor del Pueblo debe rectificar sus declaraciones y apostar por la ciudadanía, especialmente la que sufre una constante vulneración de derechos. Para defender a la propiedad privada y a la burocracia que embarra el terreno, y que no permite una vida digna a tantas personas, ya tenemos unas leyes injustas que será necesario cambiar. Porque la vivienda es un derecho para todas las personas, para todas. Y viviendas no faltan.
Sevilla, 20 de febrero de 2014
