Andalucía, 9 de agosto de 2022.- A pesar de las reformas introducidas que flexibilizan los requisitos para las autorizaciones de residencia y que pretenden, supuestamente, acabar con la economía informal según lo recogido en la exposición de motivos, no ha paliado la ausencia de vías de migración legales y seguras para que las personas puedan ejercer su derecho a migrar.
La nula mención hacia la gestión de las migraciones por parte del Gobierno en esta reforma vuelve a centrar los derechos de las personas migrantes en base a las necesidades y demandas del mercado laboral y no en el enfoque del respeto a los derechos humanos. No se contemplan medidas que faciliten la regularización de las 500.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España.
Del mismo modo, insistimos en que, a pesar de las mejoras introducidas en determinados casos, un derecho universal como es el de la libre circulación no puede estar limitado a las necesidades del mercado laboral en España.
Creemos que esta reforma puede llegar a ser una oportunidad de regularización para miles de personas. Pero realmente, si se apostase por garantizar los derechos de las personas migrantes más allá del discurso, también se podrían haber dotado de instrumentos y herramientas eficaces a otras instituciones competentes para que no se favoreciese, con la situación de clandestinidad a las que están abocadas hasta el transcurso del tiempo necesario para alcanzar el arraigo, todo tipo de vulneraciones de los derechos de las personas migrantes.
Aquí nuestro documento de análisis, en español y en francés:
